Ciudad de México. La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 por la Cámara de Diputados reavivó la polémica sobre la autonomía electoral y el uso de los recursos públicos. Con 352 votos a favor y 130 en contra, la mayoría legislativa avaló un gasto total de 10.6 billones de pesos, pero aplicó un recorte de aproximadamente 6 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE) respecto a los recursos originalmente solicitados para organizar las elecciones federales de 2027.

La reducción presupuestal dejó al organismo electoral con 36 mil 274.5 millones de pesos, mientras que las prerrogativas de los partidos políticos permanecieron intactas. En conjunto, las ocho fuerzas políticas nacionales recibirán 10 mil 842.6 millones de pesos, destinados tanto a gasto ordinario como a actividades de campaña. Morena concentrará la mayor asignación, con más de 3 mil 600 millones de pesos.

Parte de los recursos recortados al INE serán reorientados a programas y dependencias federales, entre ellos La Escuela es Nuestra, proyectos ambientales, centros de desarrollo infantil y acciones de búsqueda de personas desaparecidas.

El ajuste presupuestal ocurre en un momento delicado para el instituto, que enfrenta cuestionamientos internos por retrasos en contrataciones estratégicas y dificultades para cubrir vacantes vinculadas a la organización de los comicios de 2027. Consejeros electorales han advertido que dichos rezagos podrían afectar tareas clave de capacitación, logística y preparación electoral.

Mientras el Gobierno federal argumenta una política de austeridad y redistribución del gasto, la oposición sostiene que el recorte podría debilitar la capacidad operativa del árbitro electoral en una elección decisiva para la renovación de la Cámara de Diputados.

Comentario La decisión de reducir recursos al INE mientras se mantienen intactos los fondos partidistas genera dudas sobre la congruencia de la austeridad presupuestaria. Si el objetivo es optimizar el gasto público, el debate debería incluir también el financiamiento de los partidos políticos para evitar percepciones de trato preferencial y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.