Ciudad de México: Invocando el principio constitucional y legal de la “inembargabilidad de las pensiones”, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, recuperó el acceso a dos cuentas bancarias donde recibe tres prestaciones de retiro y viudez. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó mediante el comunicado 95 fechado este viernes 13 de noviembre que acató una suspensión provisional concedida por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), casi seis meses después de haber inmovilizado todo su patrimonio financiero.

El congelamiento original se ejecutó el pasado 18 de mayo mediante el acuerdo 156/2026, cuando la UIF incorporó a Rocha Moya, a sus tres hijos y a otros nueve actores políticos sinaloenses a la Lista de Personas Bloqueadas. Dicha medida administrativa respondió a los alertamientos bancarios tras la imputación presentada el 29 de abril por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

El desglose de las tres pensiones liberadas

Aunque al separarse de la gubernatura quedó suspendido su salario como titular del Ejecutivo estatal —calculado en 797 mil 014 pesos anuales—, la resolución del tribunal administrativo le permite disponer únicamente de las ministraciones futuras provenientes de tres instituciones públicas:
• Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS): 760 mil 313 pesos anuales derivados de su jubilación como exacadémico y exrector de esa casa de estudios.

• Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): 554 mil 697 pesos anuales por concepto de cesantía en edad avanzada.
• Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE): 290 mil 286 pesos anuales correspondientes a una pensión por viudez, ministrada en pagos mensuales de 24 mil 190.50 pesos.

De acuerdo con registros públicos contrastados con su declaración patrimonial actualizada en mayo de 2026, el político morenista había omitido reportar el ingreso mensual correspondiente al ISSSTE. En conjunto, las tres prestaciones suman 1 millón 605 mil 296 pesos anuales, más del doble de la remuneración que percibía al frente del gobierno sinaloense.

Alcance limitado del fallo y contexto judicial en México y EE. UU.

La SHCP y la UIF precisaron que la medida cautelar obtenida por el exmandatario no representa un levantamiento total del bloqueo financiero ni concluye el procedimiento administrativo en su contra. El resto de sus cuentas bancarias, ahorros e instrumentos financieros permanecen congelados y cualquier operación ajena al cobro de estas pensiones continúa estrictamente restringida.

El litigio financiero corre en paralelo a un proceso penal binacional de alto impacto. En el expediente de 34 páginas radicado en Nueva York, fiscales federales estadounidenses acusan a Rocha Moya de conspirar con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa para traficar fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina, además de imputarle posesión y conspiración para poseer armamento de uso exclusivo, cargos que conllevan penas de entre 40 años de prisión y cadena perpetua. Según la fiscalía norteamericana, el grupo criminal habría financiado su campaña e intimidado a opositores en las elecciones de 2021 a cambio de protección institucional.

Tras esas acusaciones, Rocha Moya solicitó licencia temporal el 1 de mayo, retomó brevemente el cargo el 21 de agosto y, ante fuertes presiones políticas internas, pidió licencia indefinida aprobada por el Congreso local el 23 de agosto, quedando la administración estatal bajo el interinato de Graciela Domínguez Nava. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una carpeta de investigación y ha citado a declarar a los diez señalados, aunque sostiene que Washington aún no ha remitido pruebas suficientes para ejecutar órdenes de aprehensión con fines de extradición.

Comentario
La resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa pone de relieve la tensión entre la protección legal del mínimo vital —garantizada mediante la inembargabilidad de las pensiones— y el escrutinio público frente a acusaciones graves de delincuencia organizada. Si bien el acatamiento de la UIF demuestra el funcionamiento de los contrapesos jurisdiccionales en materia administrativa, resulta llamativo que un exmandatario bajo investigación binacional acceda a ingresos anuales superiores a 1.6 millones de pesos mediante tres pensiones simultáneas, una de ellas omitida en su declaración patrimonial, mientras la indagatoria penal en México avanza con marcada lentitud.