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La muerte del “Jefe de Jefes” revive los expedientes secretos: la sombra del caso Camarena y Manuel Bartlett

Guadalajara, Jalisco.: El fallecimiento de Miguel Ángel Félix Gallardo, ocurrido ayer 15 de noviembre a los 80 años en un hospital privado de Guadalajara tras sufrir una falla orgánica múltiple bajo custodia penitenciaria, cierra un capítulo criminal en México, pero reabre una de las heridas políticas más profundas de los años ochenta: el grado de complicidad entre el Estado mexicano y el extinto Cártel de Guadalajara.

Tras más de 37 años en prisión —donde purgaba dos sentencias que sumaban 77 años por narcotráfico y el homicidio del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena—, la partida del llamado Jefe de Jefes vuelve a poner bajo escrutinio público los archivos desclasificados de Estados Unidos y los expedientes judiciales que durante décadas vincularon la estructura de protección del cártel con la Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada entonces por Manuel Bartlett Díaz.

El andamiaje de la DFS y la era de los años ochenta Exagente de la Policía Judicial de Sinaloa y escolta del gobernador Leopoldo Sánchez Celis, Félix Gallardo tejió junto a Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, el primer gran consorcio del narcotráfico en México. Esta red monopolizó el trasiego de marihuana y cocaína hacia Estados Unidos mediante alianzas con cárteles colombianos.

Investigaciones históricas y judiciales coinciden en que dicha expansión habría sido imposible sin el cobijo de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la policía política subordinada directamente a Gobernación. Bajo el mando de José Antonio Zorrilla Pérez —quien años después sería condenado por el asesinato del periodista Manuel Buendía—, agentes de la DFS entregaron credenciales oficiales, armamento y protección operativa a los capos. La línea de mando jerárquica entre Zorrilla y Bartlett ha sido el eje central de los cuestionamientos sobre hasta qué nivel escaló la protección institucional.

Los expedientes en California y los cables desclasificados Los señalamientos contra Bartlett provienen de dos fuentes documentales principales, aunque ninguna ha derivado en un proceso judicial en su contra. La primera es el juicio federal United States v. Zuno-Arce (expediente CR 87-422), celebrado en Los Ángeles. En él, los expolicías Jorge Godoy López y René López Romero testificaron sobre presuntas cumbres celebradas en octubre de 1984 en Guadalajara entre capos y altos funcionarios, ubicando en ellas a Bartlett, al entonces titular de la Sedena, Juan Arévalo Gardoqui, y al gobernador Enrique Álvarez del Castillo.

López Romero incluso afirmó haber visto a Bartlett la noche del 7 de febrero de 1985 en la finca de Lope de Vega 881, donde Camarena fue torturado durante más de 30 horas tras el golpe militar al rancho El Búfalo en Chihuahua. Sin embargo, en 1998 la propia Corte Federal estadounidense cuestionó la fiabilidad de estos testigos, señalando que recibieron inmunidad y pagos del gobierno estadounidense, además de existir registros oficiales que ubicaban a Bartlett en la Ciudad de México aquella noche.

La segunda fuente resurgió el 25 de septiembre de 2024, cuando se difundió un memorando desclasificado del FBI fechado en marzo de 1986.

Elaborado por la Embajada de Estados Unidos en México, el documento parcialmente censurado asentaba las “fuertes sospechas” de inteligencia sobre los nexos de Bartlett con la red de protección al narcotráfico. Dos días después de su publicación, el extitular de la CFE rechazó tajantemente el cable mediante una carta pública, calificándolo de “calumnia” basada en informantes anónimos sin sustento probatorio.

Un legado de fragmentación y cuentas pendientes El hallazgo de los cuerpos de Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala el 5 de marzo de 1985 en Michoacán detonó la Operación Leyenda, fracturó la relación bilateral y forzó la disolución de la DFS ese mismo año. Tras la captura de Félix Gallardo en abril de 1989, el Cártel de Guadalajara se atomizó, dando origen a las organizaciones de Sinaloa, Tijuana y Juárez que hoy disputan el país.

Con el deceso del fundador del narcotráfico moderno en México, se extingue uno de los testigos clave de aquella simbiosis entre poder político y crimen organizado. Aunque jurídicamente nunca se acreditó responsabilidad penal contra Manuel Bartlett, los archivos de Washington y la memoria histórica mantienen abierto el debate sobre los pactos no escritos que cimentaron la crisis de seguridad actual.

Comentario: La muerte de Félix Gallardo silencia a un testigo fundamental de la narcopolítica mexicana. Aunque Manuel Bartlett nunca enfrentó cargos judiciales y las pruebas estadounidenses resultaron fragmentarias, la operación impune de la DFS confirma que el crimen organizado creció bajo el amparo estatal.