Nota y Fotos por: Silver Juárez Arce

En una clara falta de cumplimiento de las promesas y compromisos adquiridos, el Gobierno del Estado de Chihuahua y el secretario de gobierno, Santiago de la Peña, han dejado en evidencia su incapacidad para llevar a cabo la renovación de las unidades de transporte público en la ciudad, tal como lo habían anunciado el pasado 10 de abril.

En aquella ocasión, el secretario de gobierno declaró con determinación que “sin pretextos” se llevaría a cabo la renovación de las unidades en un plazo de 90 días. Sin embargo, a casi tres meses de esa declaración, tan solo se han renovado 50 unidades, una cifra insignificante considerando que se requiere la renovación de más de 500 camiones de acuerdo a la Ley de Transporte del Estado.

Este incumplimiento resulta inaceptable, ya que el transporte público es un servicio fundamental para la movilidad de los ciudadanos y su calidad de vida. La falta de unidades adecuadas y funcionales afecta directamente a los usuarios, quienes se ven obligados a utilizar camiones obsoletos, con deficiencias y en sima de todo caro.

El compromiso de renovar las unidades no solo implicaba el mejoramiento de la flota de camiones, sino también el cumplimiento de la legislación vigente. Sin embargo, la falta de acción por parte del gobierno ha permitido que camiones con más de 20 años de antigüedad y adeudos circulen impunemente por las calles de Chihuahua, violando la Ley de Transporte del Estado.

Es evidente que el secretario de gobierno, Santiago de la Peña, y el Gobierno del Estado han fallado estrepitosamente en su responsabilidad de implementar políticas públicas efectivas y estrategias modernas para abordar el problema del transporte público en la ciudad. La falta de planificación, ejecución y control por parte de las autoridades ha generado un ambiente de caos y perjuicio para los ciudadanos.

Resulta decepcionante que a pesar de existir ejemplos claros de otras ciudades que han implementado estrategias exitosas en la renovación del transporte público, el Gobierno de Chihuahua haya sido incapaz de adoptar un enfoque disruptivo y efectivo. La falta de consecuencias para los concesionarios incumplidores y la escasa cantidad de unidades renovadas reflejan una clara negligencia hacia las necesidades de los ciudadanos de Chihuahua.

Es imperativo que el Gobierno del Estado tome en serio este problema y ponga en marcha soluciones efectivas de manera inmediata. La renovación de las unidades de transporte público debe ser prioritaria, y se deben implementar medidas para asegurar el cumplimiento de la Ley de Transporte del Estado. Los ciudadanos merecen un servicio de transporte público de calidad y acorde con las normativas establecidas.

El incumplimiento de las promesas y compromisos por parte del Gobierno de Chihuahua y del secretario de gobierno, Santiago de la Peña, es una clara muestra de ineficacia y falta de responsabilidad en el manejo de este importante tema. Los ciudadanos exigen resultados concretos y soluciones efectivas, y es responsabilidad de las autoridades brindar un servicio de transporte público adecuado y seguro para el bienestar de todos los chihuahuenses.

Además, los ciudadanos que dependen del transporte público diariamente expresan su indignación y enojo ante las mentiras del gobierno. Se sienten engañados por las promesas vacías que acompañaron el aumento de precios del transporte, mientras continúan enfrentando las mismas unidades obsoletas y en deterioro que no cumplen con los requisitos establecidos por la Ley de Transporte del Estado.

La normativa vigente establece claramente que las unidades de transporte público no deben superar los 10 años de antigüedad y deben contar con tecnologías modernas. Sin embargo, el incumplimiento de estas disposiciones por parte del Gobierno de Chihuahua ha generado una profunda decepción entre la población, que se ve perjudicada por el aumento de tarifas y la falta de mejoras en el servicio.

La falta de acción y la demora en abordar este problema han generado una sensación de abandono y desinterés hacia las necesidades de la comunidad. Los ciudadanos se ven afectados diariamente por largas esperas, unidades deterioradas y deficientes condiciones de viaje, mientras el gobierno parece no tomar en serio sus preocupaciones.

Es evidente que quienes más sufren las consecuencias de esta situación son los ciudadanos comunes, que ven afectada su economía por el aumento de las tarifas y no reciben el servicio de calidad que merecen. El descontento crece a medida que el gobierno demora en cumplir sus promesas y no toma medidas efectivas para mejorar el transporte público en la ciudad.

el equipo de Ocho Ochenta Noticias dará seguimiento y estará al tanto si llegaran las “nuevas unidades de camión”.