Por Redacción

Ciudad de México — En una sesión marcada por el debate encendido y las posturas polarizadas, la Cámara de Diputados aprobó con 349 votos a favor y 132 en contra una reforma que redefine el carácter y las facultades de la Guardia Nacional, abriendo paso a una estructura operativa plenamente militar.

La reforma —criticada por algunos como un paso hacia la consolidación de un modelo de seguridad castrense— permite que la corporación lleve a cabo operaciones encubiertas y habilita a sus integrantes para ocupar cargos públicos, un cambio que para muchos especialistas diluye aún más la frontera entre las instituciones civiles y militares del Estado.

“Estamos construyendo un país donde los militares, además de patrullar, legislan, administran y toman decisiones políticas”, señaló en entrevista la activista y abogada María Herrera, del colectivo Cívica Nacional.

Del lado opuesto, los defensores de la iniciativa, en su mayoría legisladores oficialistas, aseguran que se trata de una medida necesaria para dotar al Estado de herramientas eficaces frente a la violencia organizada.

Una tensión que ya venía escalando

La Guardia Nacional fue creada en 2019 con la promesa de ser una fuerza civil con formación militar. Sin embargo, desde sus primeros despliegues, su vínculo operativo con la Secretaría de la Defensa Nacional ha sido evidente. Esta nueva reforma formaliza esa relación.

Para muchos analistas, esta decisión no solo transforma la arquitectura de seguridad del país, sino que también redefine el papel de los militares en la vida pública. En palabras del politólogo Daniel Ramírez: “Más que una reforma, es un parteaguas: una normalización del uniforme en la política mexicana.”

La ciudadanía, entre el miedo y la desconfianza

Colectivos de derechos humanos advierten sobre el riesgo de excesos y la falta de mecanismos de rendición de cuentas. La opacidad en operativos encubiertos y la participación de militares en cargos civiles podrían debilitar aún más la confianza ciudadana en las instituciones.

Mientras tanto, afuera del recinto legislativo, las reacciones oscilaban entre la resignación y la protesta. “No quiero que un general sea mi alcalde”, expresó un joven manifestante con pancarta en mano.