La controversia por la unidad de potencia de Mercedes volvió a encender el debate en la Fórmula 1, luego de que varios fabricantes solicitaran a la Federación Internacional del Automóvil revisar la relación de compresión del motor alemán. Según explicó Toto Wolff, el desarrollo se realizó dentro de la normativa vigente, aunque reconoció que la presión de los rivales ha crecido en los últimos meses y podría derivar en un cambio reglamentario.

La discusión surgió tras una carta enviada por Audi, Ferrari y Honda, a la que se habría sumado Red Bull Ford Powertrains, cuestionando la compresión del motor. El límite establecido para esta temporada es de 16.1, pero la escudería alemana podría alcanzar cifras mayores gracias al comportamiento de ciertos materiales bajo temperaturas extremas. La FIA realiza las verificaciones con el impulsor detenido y a temperatura ambiente, lo que motivó a los rivales a pedir mediciones en condiciones reales de funcionamiento.

Durante las pruebas de pretemporada en Sakhir, Wolff afirmó que el equipo mantuvo informada a la autoridad reguladora en todo momento y recibió garantías de que el diseño cumplía con las reglas. Sin embargo, admitió que la insistencia de otros fabricantes y las gestiones internas llevaron la discusión a un punto decisivo, en el que el organismo rector y la FOM deberán definir si se modifica la normativa.

El dirigente descartó cualquier acción legal en caso de que se aprueben cambios y subrayó que la escudería respetará las decisiones del deporte. Aun así, advirtió que una alteración repentina en el reglamento podría afectar el rendimiento y los plazos de entrega de los motores que el equipo provee a otras estructuras. En ese escenario, señaló que sería necesario encontrar soluciones técnicas viables para cumplir con los tiempos y evitar perjuicios competitivos.

La situación mantiene en vilo al paddock y a los proveedores de unidades de potencia, especialmente de cara al inicio del campeonato en Australia. Mientras tanto, el directivo insistió en que el aumento de la presión de los competidores —incluidas reuniones y comunicaciones privadas— alimentó la polémica actual. La resolución final dependerá de las votaciones internas y podría marcar un precedente clave sobre cómo se fiscalizan y regulan las innovaciones técnicas en la máxima categoría del automovilismo.