El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó la detención preventiva del expresidente Jair Bolsonaro, de 70 años, luego de que se detectaran irregularidades en su arresto domiciliario y un posible plan de fuga. La medida ocurre a escasos días de que comenzara a cumplir su sentencia por el intento de golpe de Estado de 2022.

Bolsonaro había sido condenado a 27 años de prisión e inhabilitado políticamente por ocho años, tras ser hallado culpable de encabezar la intentona golpista contra las instituciones democráticas brasileñas. Desde hace meses permanecía bajo arresto domiciliario con una tobillera electrónica, pero la madrugada del 22 de noviembre de 2025 se registró una violación en el dispositivo, lo que encendió las alarmas de las autoridades.

• La Policía Federal ejecutó la orden de arresto en su residencia del exclusivo barrio de Jardim Botânico, en Brasilia.

• El ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, argumentó que existía un “alto riesgo de fuga” y que Bolsonaro había intentado manipular su tobillera electrónica.

• Fuentes cercanas señalaron que el expresidente habría participado en la organización de una vigilia con simpatizantes, lo que fue interpretado como un posible intento de movilización para escapar.

• Su equipo legal rechazó las acusaciones y afirmó que la detención “pone en riesgo su salud delicada”.

La captura ha generado un fuerte impacto político en Brasil. Mientras sectores progresistas celebran la decisión como un triunfo de la justicia, simpatizantes de Bolsonaro denuncian una “persecución política” y han convocado manifestaciones en varias ciudades.

El caso Bolsonaro marca un precedente en la historia democrática de Brasil: un expresidente condenado por atentar contra las instituciones y arrestado de manera preventiva para evitar su fuga. El país enfrenta ahora el reto de garantizar que la sentencia se cumpla sin desestabilizar aún más el clima político y social.