Ciudad de México. El informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) volvió a tensar la relación entre el oficialismo y la oposición en México. El organismo internacional reportó 132,000 desaparecidos, cifra similar a la oficial, y pidió llevar el tema a la Asamblea General, lo que generó un rechazo inmediato del gobierno federal.

Postura del Ejecutivo
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó el reporte como “parcial y sesgado”, argumentando que se construyó con información limitada y desactualizada, principalmente de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Además, criticó que el análisis se haya centrado en solo cuatro estados: Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco, sin considerar los esfuerzos recientes.

Sheinbaum subrayó: “El Estado nunca puede usar la desaparición como un mecanismo de control”, y adelantó que la SRE prepara un posicionamiento oficial. La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, respaldó la postura y pidió que no se politice el tema.

Reacciones de la oposición
El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, acusó al gobierno de priorizar su imagen sobre la búsqueda de desaparecidos. El senador del PAN, Marko Cortés, llamó a abrir una colaboración técnica real con la ONU, expertos independientes y víctimas para atender las causas estructurales de la crisis.

El trasfondo
Más allá del cruce político, la dimensión del problema sigue siendo crítica: desde 2006 se han registrado más de 130 mil personas desaparecidas, de las cuales un 33% de casos permanece sin avances sustantivos en su localización.

Comentario
El gobierno dice que el informe es “parcial”, la ONU que es “sistemático”, y la oposición que es “crisis”. Entre adjetivos y comunicados, lo único que no cambia es la cifra: más de 130 mil desaparecidos. En México, la desaparición forzada se debate en foros internacionales… mientras las familias siguen buscando en fosas clandestinas.