Mientras la Cámara Alta se prepara para ratificar reformas impulsadas por la 4T, la ONU alza la voz preocupada por el fortalecimiento de una Guardia Nacional con perfil cada vez más castrense y menos civil.

Este viernes, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en México expresó su “preocupación” ante el avance legislativo del gobierno federal en materia de seguridad. Las nuevas disposiciones, aprobadas en la Cámara de Diputados y con camino despejado en el Senado, consolidan –según el organismo internacional– una estructura de seguridad “con indebida naturaleza militar”.

El comunicado de la ONU, difundido en redes sociales, alerta sobre las amplias facultades otorgadas a la Guardia Nacional, que incluirían tareas de investigación e inteligencia sin controles civiles eficaces. En el mismo documento, la organización denunció el riesgo que estas reformas suponen para la privacidad de los ciudadanos, sobre todo por el eventual uso de datos biométricos vinculados al CURP único.

Los señalamientos no provienen únicamente del exterior. La oposición y organizaciones civiles también han advertido sobre una concentración excesiva de poder en manos de las fuerzas armadas, lo que pone en entredicho el equilibrio democrático.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sostiene que los cambios tienen por objeto fortalecer la capacidad operativa del Estado para combatir al crimen organizado y localizar a personas desaparecidas, pero las dudas sobre el alcance y supervisión de estas herramientas no ceden.

La Guardia Nacional nació como una promesa de seguridad con mando civil. Sin embargo, con el paso del sexenio, su adscripción operativa ha migrado hacia la Secretaría de la Defensa Nacional. Las reformas recientes refuerzan esta tendencia, despertando preocupaciones tanto dentro como fuera del país.

• La ONU critica la falta de controles democráticos en las reformas de seguridad.
• Se propone otorgar facultades de inteligencia a la Guardia Nacional y al Ejército.
• Las reformas también incluyen la recolección y uso de datos biométricos ciudadanos.
• La oposición acusa una militarización de facto de la seguridad pública.
• Se prevé una aprobación expedita en el Senado gracias a la mayoría oficialista.
• Organizaciones civiles temen retrocesos en materia de derechos humanos.
• El Gobierno defiende las reformas como “modernización de capacidades operativas”.

El dilema es claro: mientras la ONU clama por controles democráticos, el oficialismo responde con una sonrisa y un “no se preocupen, está todo bajo control… militar”. Porque, ya sabes, nada inspira más confianza ciudadana que entregarle al Ejército facultades de espionaje con la misma discreción con la que prepara maniobras tácticas. En un país donde se busca a miles de desaparecidos, qué mejor solución que blindar al Estado con un radar biométrico. ¡Faltaba más!