Nueva York.– El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU respondió a las críticas del Gobierno de México y defendió la validez de su informe sobre desapariciones. El presidente del Comité, Juan Pablo Albán, aclaró que el análisis no se limita a administraciones pasadas, sino que incorpora información desde 2012 hasta la actualidad, con base en interacciones constantes con el Estado mexicano.

“El análisis del CED no se limita a un periodo cerrado”, señaló Albán, quien destacó que el documento registra más de 132 mil personas desaparecidas en México hasta febrero de 2026, cifra que sigue en aumento y refleja la magnitud del problema.

El Comité explicó que su mandato proviene de los propios Estados miembros de la ONU y que sus integrantes actúan con independencia. Además, subrayó que el informe fue remitido directamente a la Asamblea General bajo el artículo 34 de la Convención Internacional, al considerar que existen indicios de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático.

Albán reconoció que el desacuerdo con el gobierno mexicano es legítimo, pero calificó de “cuestionable” la descalificación del informe. El documento también advierte sobre una crisis forense, con miles de restos humanos sin identificar, fallas en las investigaciones y patrones de impunidad.

Por su parte, el gobierno federal insiste en que no existe una política de Estado orientada a la desaparición forzada y que se han impulsado reformas institucionales para atender el problema, postura respaldada por la CNDH.

Comentario
La ONU dice que las desapariciones siguen aumentando; el gobierno responde que el informe es “sesgado”. En este duelo de narrativas, lo único que no se puede desmentir son los miles de cuerpos sin identificar que esperan justicia.