La orden del gobierno federal surge ante la preocupación por la violencia política que se ha desatado en diferentes estados del país, poniendo en riesgo la integridad de los aspirantes a puestos de elección popular. 

Ante esta situación, la sociedad civil y diferentes partidos políticos han demandado acciones concretas para frenar la ola de violencia que amenaza la democracia en México. 

Es necesario que las autoridades de todos los niveles de gobierno trabajen de manera coordinada para garantizar la seguridad de los candidatos y de la ciudadanía en general, y que se investiguen a fondo los casos de violencia política para que no queden impunes. 

La violencia no puede ser un obstáculo para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto y participe en la construcción de un país más justo y democrático. La seguridad de los candidatos es una responsabilidad compartida y debe ser una prioridad en el proceso electoral.