Entes públicos que habrían incumplido sus compromisos con Pensiones Civiles del Estado están bajo la lupa de la Auditoría Superior del Estado (ASE), informó su titular, Héctor Acosta Félix, quien advirtió que podrían imponerse sanciones si se demuestra que tenían recursos disponibles y no cumplieron con sus obligaciones.

El auditor explicó que la revisión de las cuentas públicas incluye, entre otras responsabilidades, la verificación del cumplimiento de pagos en materia de seguridad social. En ese contexto, se analizan casos en los que algunas instituciones omiten el pago a Pensiones pese a contar con los fondos suficientes, lo cual podría constituir una falta administrativa grave.

“Si se comprueba que había recursos y, aun así, no pagaron a Pensiones, habrá consecuencias”, enfatizó Acosta Félix.

Uno de los antecedentes que la ASE toma como referencia es el caso de dos exfuncionarios de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), quienes fueron sancionados por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, luego de que se determinara su responsabilidad en un incumplimiento similar. Aunque no se acreditó desvío con fines ilícitos, sí se confirmó el uso inadecuado de los recursos al destinarse a otros rubros internos sin cubrir las aportaciones obligatorias.

La ASE prevé concluir este proceso de fiscalización hacia finales de 2025, cuando se emitirán los dictámenes definitivos respecto a posibles omisiones o irregularidades detectadas.