Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

 El Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta, afirmó que durante diez años consecutivos la institución a su cargo prácticamente no formuló observaciones a las cuentas públicas, un periodo que calificó como de opacidad donde “el mismo sistema tapaba la corrupción”. Fue hasta 2019 cuando se inició un proceso de fiscalización efectiva que ha derivado en miles de observaciones y denuncias.

En entrevista concedida en el Congreso del Estado, el titular de la ASE detalló el contraste entre ambos periodos. “No es posible que de un año para otro pasaran de cero observaciones a, estamos hablando casi de mil observaciones en promedio desde 2019 a la fecha. O sea, no funcionaba el sistema”, declaró Acosta. Subrayó que durante ese decenio anterior, el Congreso local no confirmó ni una sola observación de la Auditoría.

El auditor explicó que, en los últimos siete años, se han emitido dos mil denuncias por faltas administrativas no graves y doscientas por faltas graves. “Si contrastamos ese periodo con todo el periodo anterior de la Auditoría Superior de 12 años, estamos hablando de esa cantidad contra cero”, destacó. Acosta atribuyó parte de la impunidad del pasado a un vacío legal generado por la entrada en vigor de la nueva Ley General de Responsabilidades, que no permitía aplicar sanciones de forma retroactiva.

Respecto a los desafíos actuales, Héctor Acosta señaló que, si bien ningún ente gubernamental ha interpuesto amparos para evitar ser auditado, sí se han utilizado excesivamente estos recursos jurídicos una vez que se inician procedimientos contra servidores públicos. Mencionó que existen 13 casos específicos, algunos involucrando a las mismas personas, cuyos procesos llevan estancados hasta siete años sin poder llegar a la etapa de juicio. “Ese excesivo derecho ha provocado que durante siete años no podamos ni siquiera llegar a la etapa del juicio”, lamentó.

Al ser cuestionado sobre las conductas irregulares más frecuentes, el auditor citó en el caso de los municipios y sus juntas de aguas la falta de investigación de mercado, la omisión en la aplicación de penas convencionales y el pago por obra pública no ejecutada. Además, confirmó la detección de casos de empresas factureras que ofrecen servicios ficticios para justificar desvíos de recursos, de los cuales se han presentado las denuncias correspondientes.

Finalmente, Acosta destacó que la Auditoría de Chihuahua se encuentra a nivel nacional en tercer lugar en la aplicación de sanciones administrativas, incluso por encima de la Auditoría Superior de la Federación. “Teníamos un sistema de fiscalización político que no funcionaba y que no estaba dando resultados a los ciudadanos, a los chihuahuenses”, concluyó el auditor sobre el sistema previo a la transformación iniciada en 2019.