Nota y Fotos por: Silver Juárez Arce

En un fallo histórico que busca restituir derechos políticos y garantizar equidad en el proceso electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Congreso de Chihuahua reintegrar a 94 candidatos excluidos arbitrariamente de las elecciones judiciales locales, programadas para el 1 de junio de 2025. La decisión, emitida el 3 de abril, responde a una polémica votación del 24 de febrero, cuando diputados del PAN, PRI y aliados eliminaron a los aspirantes de oposición, alegando incumplimientos técnicos, pero sin sustento constitucional.

La magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto, destacó que la exclusión violó los derechos político-electorales de los afectados y subrayó que “una sentencia que reconoce la transgresión de un derecho, pero no provee medios para su restitución, se convierte en letra muerta”. Con esta resolución, el Tribunal federal no solo cuestionó la legalidad del acto legislativo local, sino que evidenció la desconfianza hacia el Congreso de Chihuahua, cuyos intentos por obstruir el proceso fueron calificados como “fraude” por el diputado federal Cuauhtémoc Estrada, quien celebró el fallo como un triunfo para la democracia.

El conflicto se agravó por la inminente impresión de boletas electorales, prevista para iniciar el 6 de abril. Aunque el Instituto Estatal Electoral (IEE) ya recibió los listados corregidos, el retraso en las campañas de los 94 candidatos quienes comenzarán su proselitismo después que el resto plantea un desafío logístico y de equidad. “La contienda no está en igualdad de condiciones, pero es peor dejar fuera a quienes tienen derecho”, admitió Estrada durante una conferencia de prensa.

La resolución judicial también ordenó al IEE reconfigurar las candidaturas respetando los números ya asignados y garantizar la paridad de género, un principio que el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua (TEE) ha enfatizado en casos recientes, aunque en esta ocasión no fue el eje central del fallo. No obstante, el TEPJF advirtió que, de repetirse actos de exclusión arbitraria, podría intervenir directamente en la asignación de cargos, tal como hizo en agosto de 2024 al modificar la integración de diputaciones locales por representación proporcional, tras detectar irregularidades en el cálculo de cuotas de género.

El caso ha desatado críticas hacia los partidos opositores en Chihuahua, acusados de usar mayorías legislativas para manipular procesos electorales. “No hubieran cometido fraude, eliminado un listado de 94 personas en forma arbitraria, violando la Constitución, si no querían estas consecuencias”, sentenció Estrada, respaldando la postura del TEPJF de que las mayorías no pueden sobreponerse al Estado de derecho.

Mientras el IEE trabaja contra reloj para cumplir con los plazos, organizaciones civiles y aspirantes reinstalados exigen transparencia. “Es un precedente para que nadie más vulnere nuestros derechos”, declaró uno de los candidatos restituidos, quien prefirió mantener su nombre en reserva ante posibles represalias políticas.

Con este fallo, Chihuahua se convierte en un termómetro de la tensión entre poderes legislativos locales y tribunales electorales, en un año donde la justicia federal ha intervenido reiteradamente para salvaguardar procesos democráticos. La jornada del 1 de junio, ahora bajo escrutinio nacional, definirá no solo cargos judiciales, sino la credibilidad de las instituciones ante la ciudadanía.