Nota y Fotos por: Silver Juárez Arce

En una conferencia de prensa convocada este miércoles, el diputado federal Cuauhtémoc Estrada diputado de Morena y representantes de los 116 trabajadores despedidos del municipio de Camargo denunciaron irregularidades en la concesión del servicio de recolección de basura a Grupo San Rufo, así como represión policial durante las protestas. Ernesto Leyva y Eduardo Talamantes, voceros de los empleados, detallaron cómo el contrato de 33 millones de pesos anuales por 15 años triplica el costo del servicio que operaba el municipio (800 mil pesos mensuales) y señalaron al alcalde Jorge Aldana (PAN) de priorizar intereses privados.

“No podemos abandonar a quienes defienden sus derechos laborales. La bancada de Morena está aquí para respaldar su lucha”, afirmó Estrada, quien recibió a los trabajadores en el Congreso local. Leyva, con 12 años de servicio en Camargo, explicó que el despido masivo del 23 de enero incluyó a 54 mujeres, 18 madres solteras y mujeres embarazadas, quienes enfrentan ahora la pérdida de salarios y acceso a salud. “Nos citaron en puntos distintos para notificarnos la baja. A una compañera embarazada le arrebataron las hojas de despido cuando mencionó su condición”, relató.

Talamantes, quien sufrió una agresión policial el 21 de febrero, describió cómo fue golpeado hasta quedar inconsciente durante una manifestación pacífica: “Colocábamos banderas de huelga cuando agentes municipales nos reprimieron. Me subieron a una patrulla junto a un compañero de la tercera edad con diabetes”. Videos de los hechos, difundidos en redes sociales, muestran a elementos de seguridad derribando símbolos de protesta y deteniendo a manifestantes sin justificación.

Los trabajadores cuestionaron la adjudicación directa a Grupo San Rufo, empresa que hasta julio de 2024 operaba como financiera y que, según documentos, carece de experiencia en manejo de residuos. “¿Por qué pagar 2.7 millones mensuales a una empresa sin camiones ni infraestructura, cuando Elías, con el triple de basura, gasta 32 millones al año?”, cuestionó Leyva. Además, revelaron que Carlos Holguín, exdirector de Servicios Municipales de Camargo, ahora está vinculado a la compañía, lo que genera sospechas de conflicto de intereses.

El diputado Estrada anunció que Morena solicitó una auditoría forense al municipio para investigar el contrato y el fideicomiso de jubilaciones de los trabajadores, del cual se desconoce el paradero de 25 millones de pesos. “Hay sobreprecios y un claro intento de desaparecer al sindicato para favorecer a Grupo San Rufo”, acusó.

Con tres quincenas sin pago, los despedidos dependen de donaciones de sindicatos de Juárez y Delicias. “Algunos venden sus pertenencias o empeñan electrodomésticos para comer”, dijo Talamantes. Laura Méndez, despedida a los siete meses de embarazo, lamentó: “Sin seguro médico, ¿cómo pagaré mis consultas?”. Pese a las adversidades, mantienen plantones en cuatro puntos de Camargo y exigen reinstalación inmediata.

El alcalde Aldana defendió los despidos como un “ajuste necesario”, pero los trabajadores rechazan su postura: “Nuestro servicio era eficiente y barato. Él quiere justificar un contrato inflado”, afirmó Leyva. Morena presentó una denuncia penal por lesiones y detenciones ilegales, mientras la Profedet analiza el caso.

Estrada criticó la inacción de regidores del PAN, mayoría en el Cabildo, y advirtió que si el municipio no revierte los despidos, enfrentará demandas laborales con salarios caídos sin tope. “Un juicio podría costarle millones a Camargo. Es irresponsabilidad pura”, señaló.

Mientras, la tensión persiste: este miércoles, decenas de trabajadores marcharon frente a presidencia municipal con consignas contra Aldana. “No nos callaremos. Camargo ve ahora la verdad detrás de este gobierno”, concluyó Talamantes.