El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, manifestó su desacuerdo con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dejó sin efecto las acciones implementadas por el Gobierno de Chihuahua para contener el gusano barrenador, al considerar que la determinación resulta incongruente frente a los esfuerzos sanitarios realizados por la entidad.

El funcionario aseguró que Chihuahua ha mantenido una estrategia sólida para proteger su actividad ganadera y destacó que, gracias a las disposiciones adoptadas desde el invierno pasado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, la plaga no ha logrado ingresar al estado, permitiendo conservar condiciones sanitarias favorables en una de las principales regiones productoras y exportadoras de ganado del país.

De la Peña señaló que, pese a estas medidas, la reapertura de la frontera para la exportación de ganado no se ha concretado, situación que atribuyó a rezagos en otras entidades y a decisiones erróneas a nivel federal. En ese contexto, consideró que el fallo de la SCJN termina afectando a un estado que, dijo, ha cumplido con su responsabilidad en materia de sanidad animal.

Afirmó que el Gobierno estatal actuó dentro de sus atribuciones, al reforzar facultades ya existentes y en coordinación con la Federación, recordando que a inicios del año pasado se firmó un convenio entre la Secretaría de Desarrollo Rural federal y el Gobierno de Chihuahua para establecer acciones conjuntas de prevención y control del gusano barrenador.

El secretario general consideró que la resolución judicial contradice tanto los acuerdos previamente establecidos como el objetivo de proteger al sector ganadero, y lamentó que se sancione a una entidad que ha aplicado medidas preventivas efectivas, en lugar de exigir cuentas a aquellas que no han cumplido con la protección de la sanidad animal y la seguridad alimentaria.

Cabe recordar que la SCJN invalidó las restricciones decretadas por el Gobierno de Chihuahua en noviembre de 2024, las cuales incluían puntos de verificación estatal y mayores controles sanitarios para el ingreso de ganado. Dichas disposiciones fueron impugnadas por el Ejecutivo federal y, tras el análisis de fondo, la Corte determinó que el estado invadió competencias exclusivas de la Federación en materia de salubridad general, facultades que corresponden al Senasica.