Luego de que el diputado federal Alejandro Domínguez ha propuesto un aumento en las penalidades para los delitos relacionados con esta peligrosa sustancia con la cual se busca imponer hasta 60 años de prisión a quienes sean responsables de la distribución y tráfico de fentanilo, el fiscal general del Estado apoyó la propuesta, subrayando que aunque en México aún no se ha alcanzado el nivel de crisis que se vive en otros países, no se debe esperar a que la situación empeore.

“El fentanilo está causando miles de muertes en Estados Unidos y Canadá, pero no debemos esperar que en México se convierta en un problema de salud pública de tal magnitud”, declaró. Aseguró que endurecer las penas debe repercutir en una disminución del tráfico y distribución de esta droga, que es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina y ha sido responsable de una cantidad alarmante de sobredosis en todo el mundo.

El fiscal fue tajante al señalar que los delitos relacionados con el fentanilo deben castigarse de la manera más severa posible. «El daño que provocan a la sociedad es terrible. No se trata solo de las víctimas directas, sino de las familias y comunidades enteras que quedan devastadas», afirmó. El impacto del fentanilo es devastador, no solo por las muertes que causa, sino porque sus efectos a nivel social y económico se extienden mucho más allá de las cifras de víctimas.

Sin embargo, surgen preguntas importantes: ¿es realmente suficiente aumentar las penas para disuadir a los traficantes? La historia de la lucha contra el narcotráfico en México ha demostrado que el endurecimiento de las penas rara vez frena a los cárteles, que continúan adaptándose y encontrando nuevas formas de evadir la ley. Aunque la propuesta del diputado Domínguez parece un paso en la dirección correcta, los expertos coinciden en que solo con un enfoque integral que incluya la prevención, el tratamiento y la cooperación internacional se podrá enfrentar de manera efectiva el tráfico de fentanilo.

México se encuentra en una posición vulnerable, no solo como país de tránsito, sino también como posible mercado. Si bien aún no se ha visto una explosión en el consumo a nivel local, las rutas de distribución y las organizaciones criminales que se benefician del tráfico de fentanilo ya están operando en territorio mexicano. Y aunque la propuesta legislativa busca imponer un castigo ejemplar, las cifras alarmantes de consumo y muertes por fentanilo en países vecinos dejan claro que la simple aplicación de penas más severas no será suficiente para erradicar esta amenaza.

El debate apenas comienza.

indicó que afortunadamente no se tiene el problema del consumo en México pues de lo contrario estarían llenos los hospitales de personas con este padecimiento. «Tenemos que evitar que se convierta e un estado consumidor.», acotó.