Acusa el fiscal Abelardo Valenzuela irregularidades en resolución federal que pretende quitar competencia al Estado en el caso por peculado de 98.6 millones de pesos

La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua denunció que el exgobernador y actual senador Javier Corral Jurado busca que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga indebidamente la causa penal en su contra por el presunto desvío de 98.6 millones de pesos, derivados de la reestructuración de la deuda estatal durante su administración.

El fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, informó que el 13 de octubre el juez federal Roberto Antonio Alcoverde Martínez, en funciones de juez de control, resolvió aceptar la competencia para conocer del caso, con base en una solicitud de un agente de la FGR.

Sin embargo, Valenzuela advirtió que la facultad de atracción solo puede ser ejercida por el fiscal general de la República, según el artículo 19 de la Ley Orgánica de la FGR, y no por un ministerio público federal de nivel operativo.

“El procedimiento fue irregular y se desarrolló sin notificar ni a la Fiscalía Anticorrupción ni a la Secretaría de Hacienda del Estado, que es la víctima directa del desfalco. Se trató de una audiencia furtiva con el propósito de despojar al pueblo de Chihuahua de su derecho a la justicia”, señaló el fiscal.

La Secretaría de Hacienda estatal, en su carácter de víctima, se presentó ante el juez federal para solicitar que el caso permaneciera bajo jurisdicción local; sin embargo, el juzgador rechazó reconocerle esa calidad, lo que, según la dependencia, vulnera su derecho de audiencia y acceso a la justicia.

Ante esta situación, Hacienda interpuso un juicio de amparo en contra de dos actos principales:
1. La resolución del 13 de octubre mediante la cual el juez federal asumió competencia sobre la causa penal 217/2025, relacionada con el expediente 3050/2024 del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
2. El intento de atracción de la FGR sin fundamento legal.

La autoridad estatal argumentó que los recursos presuntamente desviados ya habían sido ministrados al Estado por la Federación, por lo que adquirieron carácter estatal y su manejo corresponde exclusivamente al ámbito local.

“Una vez que los fondos federales son entregados a las entidades, se integran al patrimonio estatal y no pueden ser objeto de redirección federal”, expuso Valenzuela.

La Fiscalía Anticorrupción también cuestionó que la FGR intentara asumir el caso sin contar con denuncia o querella de los órganos facultados, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Auditoría Superior del Estado, y sin existir acuerdo formal de atracción emitido por el fiscal general.

“Es atípico e ilegal que un ministerio público federal intente desplazar a las autoridades locales sin justificación. Esto contraviene los principios del federalismo y del marco constitucional mexicano”, enfatizó el titular de la dependencia.

El 23 de octubre, el juez local que lleva la causa penal promovió ante el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito un conflicto de competencia, debido a que tanto el juez federal como el estatal reclaman jurisdicción sobre los mismos hechos.

El caso involucra a Javier Corral Jurado, exgobernador; Arturo Fuentes Vélez, exsecretario de Hacienda; y Pedro Elías López, particular, estos últimos prófugos de la justicia, acusados del delito de peculado agravado por la distracción y uso indebido de recursos del erario estatal.

La Fiscalía Anticorrupción reiteró su compromiso de mantener informada a la ciudadanía y defender la competencia del Estado en un proceso que, insistió, toca de manera directa el patrimonio de los chihuahuenses.