La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, manifestó su postura respecto a las graves acusaciones que pesan contra Mayra Arróniz Ávila, exmagistrada presidenta del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA). Campos Galván subrayó que, de confirmarse las acusaciones, Arróniz Ávila deberá enfrentar las consecuencias legales correspondientes.
El pasado 25 de junio, la magistrada Arróniz Ávila fue suspendida de su cargo en medio de una investigación por un préstamo auto otorgado de 300 mil pesos con recursos del Tribunal y diversas denuncias de acoso laboral ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH). La suspensión culminó en su destitución oficial, y el lunes se confirmó el nombramiento del magistrado Alejandro Tavares como su sucesor en la presidencia del TEJA.
«Debe responder a la justicia si las acusaciones son ciertas,» declaró Campos Galván, enfatizando la importancia de la responsabilidad y la transparencia en la función pública. Las denuncias contra Arróniz Ávila no sólo incluyen el presunto mal uso de los recursos del Tribunal, sino también serias acusaciones de acoso laboral que han sido motivo de preocupación y atención por parte de la CEDH.
El TEJA había enfrentado cambios recientes en su liderazgo. Antes de la administración de Arróniz Ávila, Gregorio Daniel Morales Luévano ocupaba la presidencia del organismo. Morales Luévano fue sustituido en junio del 2022 por Arróniz Ávila, tras detectarse irregularidades en el manejo del presupuesto bajo su gestión.
El nuevo presidente del TEJA, Alejandro Tavares, asume la responsabilidad en un momento crítico, con el desafío de restaurar la confianza en el Tribunal y asegurar la transparencia y eficacia en su funcionamiento.
Este cambio en el liderazgo del TEJA marca un punto crucial para el Tribunal, que ahora deberá enfocar sus esfuerzos en resolver estas polémicas internas y garantizar la administración adecuada de justicia administrativa en el estado de Chihuahua.