En medio de un complejo panorama judicial, el fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, expresó su sorpresa y preocupación ante la aparente falta de colaboración entre entidades federativas en la investigación en curso contra el exgobernador Javier Corral.

Estas declaraciones surgen tras las apreciaciones del fiscal de la Ciudad de México, Ulises Lara, quien cuestionó la existencia de convenios de colaboración con la fiscalía anticorrupción, un ente autónomo.

Valenzuela subrayó que hace apenas 15 días, en un operativo conjunto con autoridades de la Ciudad de México, se ejecutó una orden de aprehensión contra un empresario acusado de falsificar documentos para adjudicarse un contrato de 41 millones de pesos durante la administración pasada.

“Incluso tenemos registro de todas las diligencias realizadas por la anterior fiscal anticorrupción, Gema Chávez, en algunas carpetas de investigación en coordinación con la Ciudad de México”, afirmó el fiscal.

El fiscal recordó además las diligencias realizadas en la capital del país, donde se intentó imputar un delito a la actual titular del Ejecutivo estatal, lo que, en su opinión, añade un componente sospechoso al actual desarrollo de la investigación contra el exgobernador Corral. «Resulta muy extraño que en esta carpeta de investigación contra Javier Corral, la fiscalía de la Ciudad de México ahora argumente que no existe un convenio de colaboración», enfatizó.

Valenzuela insistió en que el fondo del asunto no debe desviarse, ya que se trata de una investigación sólida basada en una denuncia de la Auditoría Superior del Estado, que señala un desvío de más de 98 millones 600 mil pesos a favor de un particular sin ningún tipo de entregable. Por lo tanto, convocó a que se presente ante el juez de la causa.

Hasta el momento, indicó Valenzuela, todo lo que se conoce sobre el tema ha sido a través de los medios de comunicación, ya que la fiscalía anticorrupción no ha sido notificada oficialmente de la suspensión provisional que supuestamente ha solicitado Javier Corral como parte de un amparo. «La pregunta es por qué no nos han notificado a la autoridad ejecutora de la suspensión provisional. Sería verdaderamente lamentable que esto sea una táctica dilatoria desde un órgano jurisdiccional federal», expresó.

El fiscal dejó claro que esta suspensión no debe ser interpretada como una exención de responsabilidad por parte de Corral, sino que se debe ubicar en su justa dimensión todos los términos jurídicos que están en juego en este proceso.

Valenzuela concluyó reafirmando que la investigación sobre el presunto desvío de más de 98 millones de pesos continúa firme y que su oficina no ha recibido notificación alguna que impida el cumplimiento de la orden judicial. Además, expresó su incredulidad ante el manejo mediático del caso y reiteró la importancia de respetar el espíritu de los convenios de colaboración, los cuales buscan eliminar barreras en la procuración de justicia, especialmente en casos de corrupción.

Finalmente, aseguró que agotarán todos los canales institucionales y legales para hacer cumplir la orden judicial, y que están preparados para llevar el caso a juicio en el ámbito técnico, jurídico y penal, sin caer en un litigio mediático.