La Fiscalía General del Estado (FGE) anunció que promoverá acciones legales para que la muerte de la maestra Edna, ocurrida en el municipio de Parral, sea nuevamente considerada como feminicidio y no como homicidio imprudencial, clasificación que fue determinada recientemente por un juez.

El fiscal general, César Jáuregui Moreno, informó que la dependencia asumirá una intervención directa en el proceso judicial con el propósito de sostener que el hecho no se trató de un accidente, sino de una agresión intencional.

La reclasificación del delito generó controversia luego de que la autoridad judicial determinara modificar la acusación inicial. Sin embargo, el Ministerio Público asegura contar con elementos suficientes para argumentar que existió dolo en la conducta del imputado.

De acuerdo con la postura de la defensa, el atropello habría sido un hecho accidental. En contraste, la Fiscalía mantiene que las pruebas recabadas apuntan a una acción deliberada en contra de la docente, por lo que buscarán que el caso retome el cauce jurídico bajo el protocolo de feminicidio.

“Vamos a intervenir y procurar que el delito sea reclasificado. La Fiscalía sostiene que fue un acto intencional; la defensa señala que fue accidental. Será en juicio donde se acrediten los hechos”, expresó el fiscal.

El caso ha provocado una amplia reacción social, particularmente de colectivos feministas y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes han manifestado su inconformidad ante la modificación del tipo penal. Señalan que reducir la acusación podría debilitar el acceso a la justicia y minimizar la violencia de género.

Cabe recordar que la investigación inició bajo el protocolo de feminicidio, por lo que la decisión judicial de modificar la tipificación generó molestia entre familiares y activistas, quienes exigen que se consideren las agravantes correspondientes.

La Fiscalía indicó que su estrategia se enfocará en la presentación y fortalecimiento de pruebas durante el juicio, con el objetivo de demostrar la intencionalidad y sostener la acusación bajo el marco legal más severo. Con ello, las autoridades estatales buscan reiterar su postura de firmeza frente a los delitos cometidos contra mujeres en la entidad.