En un encuentro calificado como institucional y de cortesía, la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, sostuvo una reunión con los 30 nuevos magistrados electos del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), así como con los 5 magistrados del recién conformado Tribunal de Disciplina Judicial, sumando un total de 35 nuevos integrantes del Poder Judicial en Chihuahua.

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, informó que este acercamiento tuvo como propósito dar la bienvenida formal a los nuevos magistrados, quienes recientemente recibieron la constancia que los acredita tras el proceso de elección llevado a cabo en fechas recientes.

“Es una reunión para brindar un recibimiento institucional, pero también para comenzar a delinear el diálogo en torno a los retos que implica esta nueva etapa en el Poder Judicial del Estado. La expectativa es alta y se trata de un momento importante para que esta integración contribuya verdaderamente a la impartición de justicia en favor de las y los chihuahuenses”, explicó el funcionario.

La reunión se llevó a cabo en el salón Rojo de Palacio de Gobierno, en un ambiente de formalidad y apertura, y se centró en la importancia de fortalecer la independencia judicial, mejorar la transparencia en los procesos y consolidar una justicia más cercana a la ciudadanía.

El proceso de selección y elección de estos magistrados ha estado bajo el escrutinio público debido a las reformas recientes en materia judicial y a la necesidad de garantizar que la conformación del Poder Judicial responda a criterios de capacidad, experiencia y probidad. En ese sentido, el Ejecutivo estatal reiteró su respeto por la autonomía del Poder Judicial, al tiempo que subrayó la relevancia de mantener una colaboración institucional en beneficio del estado de derecho.

Con esta nueva integración, se espera una reconfiguración operativa del Poder Judicial que permita enfrentar con mayor eficacia los desafíos en materia de justicia, especialmente en temas como el combate a la impunidad, la atención a víctimas y el fortalecimiento del acceso a procesos judiciales ágiles y confiables.