Ante el anuncio de nuevas protestas y posibles bloqueos por parte de afectados por el presunto fraude de la empresa ARAS, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, reiteró el llamado a canalizar sus demandas a través de los mecanismos legales establecidos, al señalar que el caso se encuentra en el ámbito exclusivo del Poder Judicial.

“Comprendemos el enojo y la frustración de quienes perdieron su dinero en este esquema, pero es importante entender que las soluciones deben encontrarse en la vía judicial, que es donde ya se están generando resultados”, declaró.

De la Peña subrayó que desde el inicio del conflicto, el Gobierno del Estado ha ofrecido acompañamiento legal y asesoría a los afectados, aunque recalcó que las competencias del Ejecutivo son limitadas en un proceso que ya cuenta con sentencias judiciales firmes y se encuentra bajo seguimiento de la Fiscalía General del Estado.

Respecto a la intención de bloquear calles en señal de protesta, el funcionario manifestó respeto a la libre expresión y la manifestación pública, pero pidió no perder de vista que el camino para obtener justicia y reparación del daño debe continuar por la ruta institucional.

“El Estado está abierto al diálogo y a escuchar a todos los sectores, pero en términos de justicia penal, no hay margen de actuación fuera de lo que marcan los tribunales”, sostuvo.

El llamado oficial fue directo: acudir a las instancias legales competentes para dar seguimiento a los procesos penales en curso y evitar medidas que generen afectaciones a terceros sin avanzar realmente hacia una solución.

El caso ARAS, que ha dejado a miles de inversionistas en Chihuahua con severas pérdidas económicas, continúa en los tribunales tras años de litigios. Aunque ya existen sentencias, muchas víctimas aún exigen resultados más rápidos y tangibles.