Esta mañana de jueves, la Auditoría Superior del Estado (ASE) informó, a través de un comunicado de prensa, que Gerardo “N”, extesorero del municipio de Juárez de la administración anterior, ha sido inhabilitado por un periodo de 10 años tras acreditarse su participación en el desvío de recursos. Esta sanción fue notificada esta semana por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) a la ASE, después de que el Pleno determinara la existencia de una responsabilidad administrativa grave cometida por el exfuncionario durante el ejercicio fiscal de 2019.
Durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, la ASE descubrió que Gerardo “N” contrató simultáneamente a dos despachos particulares para tramitar la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) ante la Secretaría de Hacienda estatal. Esta acción fue innecesaria, ya que no se requería ningún procedimiento adicional para dicha devolución.
La resolución de la ASE detalla que las causas que motivaron la sanción incluyen:
- Falta de evidencia del trabajo prestado por los despachos contratados.
- Injustificada contratación de particulares, siendo facultades y obligaciones del tesorero municipal realizar dichas labores.
- Incumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo las contrataciones.
Estas precisiones fueron señaladas por la ASE en el informe de auditoría y posteriormente presentadas al TEJA, resultando en la inhabilitación del extesorero.
Esta es la primera sentencia de inhabilitación por un periodo de 10 años obtenida por la ASE para un funcionario municipal de primer nivel y el segundo caso en el que se determina esta penalidad. La gravedad de la sanción refleja la seriedad con la que se aborda la malversación de recursos públicos y la falta de transparencia en el manejo de los mismos.
De acuerdo con las consideraciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la resolución está sujeta a la posibilidad de impugnación por parte del sancionado. Esto significa que Gerardo “N” aún puede apelar la decisión, aunque la ASE confía en la solidez de las pruebas presentadas y en la determinación del TEJA.
La inhabilitación de Gerardo “N” sirve como un recordatorio contundente de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. La ASE reafirma su compromiso de continuar vigilando el correcto uso de los recursos públicos y sancionando cualquier conducta que atente contra los intereses de la ciudadanía.
Este caso subraya la necesidad de mantener una vigilancia constante y estricta sobre las actividades de los funcionarios públicos, asegurando que aquellos que cometan irregularidades enfrenten las consecuencias legales correspondientes. La ASE seguirá trabajando para garantizar la integridad y la eficiencia en la administración de los recursos estatales.