El abogado Héctor Villasana Ramírez, defensor del ex gobernador César Duarte Jáquez, explicó que la jueza Delia Valentina Meléndez, podría ser separada del cargo e inhabilitada, incluso, podría alcanzar de 6 meses a 3 años de prisión en caso de ser demostrada la comisión de un delito.

Esto luego de que la jueza considerara que no había lugar para debatir la salud del acusado en la corte, por lo que la defensa junto a César Duarte procedió a realizar la demanda.

Los delitos denunciados por la defensa son los tipificados como denegación o retardo de justicia y prevaricación.

“De entrada, llamó poderosamente la atención que el Tribunal otorgará otra vez la causa del licenciado Duarte, cuando ella ha sido una juez señalada totalmente por su actitud de consigna en la administración de Corral”, expresó Villasana Ramírez.

Cabe señalar que, ayer por la tarde, el ex Gobernador César Duarte, por sus propios derechos y por conducto de la defensa interpuso una denuncia penal en contra de la Juez de Control quien lleva su Causa en esta etapa de su Procedimiento Penal, los delitos denunciados son los tipificados como DENEGACIÓN O RETARDO DE JUSTICIA Y PREVARICACIÓN, ambos delitos contemplados en los artículos 285 fracción I y 287 fracción III del Código Penal del Estado.

Héctor Villasana indicó que, la jueza se había conducido de alguna manera apegada a la norma, sin embargo, dijo que el día de ayer no dejó dudas de que está actuando con una consigna.

“No puede ella seguir conociendo de la causa del licenciado Duarte, por lo que vamos a solicitar también deje de conocer de ella y que se asigne un diverso juez objetivo y que resuelva conforme a derecho y no obedeciendo a algún tipo de instrucción”, sentenció el representante.

Cabe señalar que, al día de hoy no se tiene un acto procesal debido a que no se tiene una audiencia en puerta, además, la jueza podría excusarse ante la denuncia.

Según el abogado defensor, la jueza podría ser sancionada con la separada del cargo e inhabilitación y en caso de demostrarse la comisión de un delito, podría pasar de 6 meses a 3 años de cárcel.

En este sentido, reiteró que la pena podría ser más rígida por el hecho de que la jueza es servidora pública.