El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, sostuvo que la normatividad electoral es clara en cuanto a los actos anticipados de campaña y recalcó que su cumplimiento es obligatorio para todos los servidores públicos, sin excepción.

El funcionario estatal señaló que quienes desempeñan un cargo deben conducirse con pleno conocimiento de la ley, a fin de evitar conductas que puedan derivar en sanciones o señalamientos por violaciones a las disposiciones electorales. En ese sentido, enfatizó que la responsabilidad de respetar el marco legal es igual para cualquier actor político, independientemente de su posición.

Al referirse al caso de la senadora Andrea Chávez, De la Peña explicó que la atención mediática ha sido mayor debido a que se trata de una legisladora federal y de un tema reciente; sin embargo, reiteró que el análisis jurídico debe aplicarse bajo los mismos criterios que en cualquier otro caso similar.

Añadió que actividades públicas como la entrega de apoyos, entre ellos lentes a ciudadanos realizada recientemente en la ciudad de Chihuahua, también pueden implicar acciones de promoción, por lo que consideró que la propia senadora deberá evaluar las implicaciones legales y las posibles consecuencias de sus decisiones.

Las declaraciones del secretario general se producen luego de que el Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Chihuahua ratificó las medidas cautelares impuestas a la legisladora por presuntos actos anticipados de campaña. Dicha resolución ordena el retiro de su nombre e imagen de ambulancias y unidades médicas que operan en distintos puntos del estado, al estimar que podrían constituir promoción personalizada fuera de los tiempos electorales.

Con esta resolución, permanece vigente la determinación previamente emitida por el Instituto Estatal Electoral (IEE), en tanto se desarrolla el procedimiento sancionador correspondiente. Al respecto, el magistrado del TEE, Hugo Molina, explicó que, aunque actualmente no exista un proceso electoral en curso, el órgano electoral tiene facultades para intervenir cuando los hechos denunciados pudieran vulnerar los principios de legalidad y equidad establecidos en la legislación electoral federal.