El nueve de abril pasado, la ministra Piña recibió una denuncia anónima contra Zaldívar y otros miembros del PJF. Las acusaciones incluyen comprometer la autonomía e independencia del PJF, violencia sexual, falta de profesionalismo, enriquecimiento ilícito, soborno, abuso de poder y desvío de recursos.
Se cree que durante su tiempo al frente del PJF, Zaldívar y sus ex colaboradores conspiraron para favorecer intereses personales y de terceros usando la estructura organizacional del PJF. Por esta razón, la ministra Piña, en su papel de presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ha ordenado investigaciones contra los ex colaboradores de Zaldívar para determinar si hay suficiente evidencia para iniciar un posible procedimiento administrativo por conductas irregulares.
Los ex funcionarios que serán investigados incluyen a Carlos Alpízar, ex secretario General de la Presidencia del CJF, acusado en la denuncia anónima de enriquecimiento ilícito, extorsión y corrupción para obtener resoluciones favorables, violencia sexual, entre otros. Edgar Manuel Bonilla del Ángel, ex titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, también será investigado por corrupción, así como Netzaí Sandoval, ex director del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), quien ahora es coordinador de la ponencia de la ministra Lenia Batres y fue denunciado por corrupción, acoso y uso indebido del cargo.
“Ante la posibilidad de que los citados funcionarios públicos del Poder Judicial de la Federación, en el desempeño de las funciones propias de los cargos señalados, incurrieran en alguna causa de responsabilidad administrativa por la probable comisión de las conductas descritas con antelación; resulta necesario ordenar la práctica de una investigación a efecto de esclarecer los hechos denunciados”, señala el acuerdo de la ministra Piña emitido el mismo 9 de abril.
“Se ordena el inicio de la investigación y se otorga para su trámite a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas las más amplias facultades a efecto de que se recaben los medios probatorios que resulten necesarios para el esclarecimiento de las conductas denunciadas y, con ello, estar en condiciones de establecer la existencia o no de alguna falta administrativa y, en su caso, el vínculo de atribuibilidad con alguno de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación señalados o con cualquier otro sujeto de responsabilidad que resulte implicado”.
Arturo Zaldívar, ministro retirado y ex presidente de la SCJN y del CJF, fue acusado de conspirar con el ex consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, para manejar los asuntos que se ventilan en el PJF a favor de los intereses del gobierno federal o de empresarios. También se le acusa de utilizar varias áreas del CJF para presionar a jueces y magistrados para lograr sus objetivos a cambio de beneficios políticos, económicos o laborales, amenazando con que, si no resolvían de acuerdo con la “línea dictada”, los jueces serían sujetos a cambios de adscripción o a procedimientos de responsabilidades administrativas.
Sin embargo, como se trata de un ministro retirado, según la Ley Orgánica del PJF, corresponde a la Corte determinar si iniciará o no una investigación en su contra, por lo que la presidenta de la Corte ordenó enviar la denuncia en su contra para que el Máximo Tribunal le dé el trámite correspondiente.
En la denuncia, también fueron señalados jueces como Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien vinculó a proceso a la ex secretaria de Estado, Rosario Robles; José Artemio Zúñiga, quien conoció de casos como el de Emilio Lozoya, Genaro García Luna, entre otros; Iván Zeferín Hernández, quien ordenó detener al ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca cuando este todavía tenía fuero. A estos jueces se les acusó de aceptar la presión ejercida por el ministro retirado Arturo Zaldívar para resolver varios casos “a modo”, por lo que las investigaciones que inicie el CJF también los incluyen a ellos.
Desde el inicio de su gestión al frente del PJF, el entonces ministro presidente, Arturo Zaldívar, hizo pública su afinidad con el proyecto de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Zaldívar renunció a la Corte en noviembre del año pasado para unirse al equipo de campaña de la candidata presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum, anuncio que realizó incluso antes de que su renuncia fuera aceptada por el Senado de la República.
Desde esta nueva posición, el ministro retirado ha realizado varios foros de discusión para promover la reforma al PJF propuesta por el presidente López Obrador que establece la elección de ministros, jueces y magistrados federales por voto popular, la eliminación del CJF, entre otras cosas.
En diciembre de 2023, el senador Alejandro Rojas Díaz Durán presentó una denuncia administrativa contra Zaldívar por unirse a la campaña de Sheinbaum antes de estar formalmente fuera de la Corte, por lo que pidió retirarle sus prestaciones y beneficios por haber sido ministro. El 14 de diciembre, Proceso informó que Zaldívar intentó sorprender a los ministros para que, una vez fuera de la Corte, pudiera mantener privilegios millonarios que ni siquiera los actuales integrantes en activo del Máximo Tribunal, tienen.
En febrero pasado, el presidente López Obrador admitió que durante la gestión de Zaldívar al frente de la Corte, intervino en decisiones del Poder Judicial y que el entonces presidente del Máximo Tribunal hablaba con los jueces para “advertirlos” sobre los temas de interés del gobierno federal.