La Ley antimigrante de Texas impacta de lleno en Chihuahua, obligando al Estado a cubrir los vacíos dejados por la Federación en un tema tan sensible como el migratorio. El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, expresó su preocupación por las repercusiones directas que esta legislación, conocida como SB4, tendrá en la región.
De acuerdo con De la Peña Grajeda, la implementación de la SB4 provocará un aumento significativo en el flujo de personas en la frontera chihuahuense debido a las deportaciones que se llevarán a cabo desde Texas. Esta situación, advierte, generará la necesidad de redoblar esfuerzos y destinar recursos que originalmente estaban destinados para beneficio de los chihuahuenses.
Además, el funcionario señaló que la presencia de la Guardia Nacional y la Policía de Texas en la frontera con Chihuahua se intensificará, lo que implicará un desafío adicional para el Estado al tener que hacerse cargo de las personas deportadas que atraviesen su territorio.
Asimismo, enfatizó que la falta de un Instituto Nacional de Migración en México con la capacidad y el presupuesto adecuado para hacer frente a esta situación complica aún más las labores de asistencia y atención a los migrantes que lleguen a Chihuahua.
Ante esta problemática, el Gobierno de Chihuahua ha solicitado el apoyo y la colaboración de las autoridades federales para mitigar los efectos adversos de la ley antimigrante de Texas y garantizar la protección y el bienestar de las personas que se vean afectadas por esta situación.
En este sentido, De la Peña Grajeda hizo un llamado a la solidaridad y al respeto hacia los migrantes, recordando la importancia de brindarles un trato digno y humano, independientemente de las circunstancias que rodeen su llegada a la región.