El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, destacó la aprobación de la “Ley Beatriz”, impulsada por la gobernadora Maru Campos Galván, como un avance hacia una justicia con enfoque humano y social.

La nueva legislación, conocida formalmente como Ley de Indulto, regula el otorgamiento del perdón en casos donde existan indicios de injusticia o violaciones a derechos humanos, especialmente hacia mujeres e integrantes de comunidades indígenas.

De la Peña explicó que la iniciativa surgió tras conocer el caso de Beatriz, una mujer rarámuri condenada por homicidio en defensa propia sin haber contado con traducción ni asesoría legal adecuada. “La gobernadora, sensible a su situación, decidió promover una ley que corrija ese tipo de omisiones del sistema”, señaló.

La norma contempla la creación de un comité interdisciplinario que revisará los casos y emitirá dictámenes para que el Ejecutivo estatal determine si procede o no el indulto. El primer expediente en revisión será precisamente el de Beatriz, quien cumple una pena de ocho años de prisión.

Según cifras oficiales, en los penales del estado hay 545 hombres y 19 mujeres indígenas sentenciados, muchos de ellos sin haber contado con defensa o traducción apropiada.

“Esta es una ley humanista que busca corregir errores del sistema y garantizar que nadie permanezca en prisión por falta de una defensa justa”, concluyó De la Peña.