El presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) de Chihuahua, Mario Mata Carrasco, llamó a realizar un análisis profundo y transparente sobre las modificaciones propuestas a la Ley de Aguas Nacionales de 1992, al advertir que podrían alterar los principios establecidos en el artículo 27 de la Constitución.

Mata Carrasco aclaró que las recientes protestas de productores agrícolas en distintas regiones del país no se oponen a la nueva Ley General de Aguas, sino a los cambios introducidos en la legislación vigente, los cuales —dijo— podrían distorsionar el marco jurídico que regula el manejo del recurso hídrico en México.

“Es importante distinguir que las manifestaciones no van contra la Ley General de Aguas, sino contra las reformas a la ley de 1992. Estas propuestas trasladan la administración del agua desde las fuentes de abastecimiento directamente a las parcelas, lo que altera el esquema constitucional del artículo 27”, explicó.

El funcionario reconoció que la Ley General de Aguas representa un avance al definir claramente las responsabilidades de los tres niveles de gobierno en materia hídrica, destacando que el artículo 115 constitucional asigna a los municipios la prestación del servicio de agua potable y saneamiento.

“No se trata de privatizar el agua”, precisó Mata, “sino de brindar certeza jurídica a quienes la utilizan con fines agrícolas o industriales. Sin embargo, cualquier cambio debe garantizar el interés público y el equilibrio entre los distintos sectores”.

Finalmente, hizo un llamado a abrir un proceso de discusión pública y técnica antes de aprobar cualquier reforma.
“Este tema debe debatirse en foros abiertos, con la participación de especialistas, productores y ciudadanos. Solo a través del consenso se podrá construir una ley justa, sustentable y que respete el espíritu del artículo 27 constitucional”, concluyó.