En respuesta a las denuncias presentadas ante autoridades electorales por el presunto uso indebido de recursos en la operación de unidades médicas móviles en la Sierra Tarahumara, la senadora Andrea Chávez rechazó categóricamente que se haya destinado dinero público a dichos programas, y afirmó que todo ha sido posible gracias a gestiones con la iniciativa privada y asociaciones civiles.

Durante un pronunciamiento ante medios, la legisladora señaló que actualmente se están resolviendo las medidas cautelares solicitadas tanto ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Instituto Estatal Electoral (IEE), derivadas de señalamientos relacionados con supuestos actos anticipados de campaña y uso de recursos oficiales.

“Vamos a ganar, porque el que nada debe, nada teme. No hay un solo peso de recurso público involucrado en estas gestiones”, aseguró Chávez, al tiempo que reiteró que los legisladores federales no manejan recursos públicos desde la eliminación del Ramo 23, también conocido como “el ramo de los moches”.

Chávez explicó que las unidades médicas, así como la entrega de sillas de ruedas, consultorios móviles y dispensarios, han sido posibles mediante alianzas con el sector privado y organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, que han decidido sumarse a labores sociales en beneficio de los chihuahuenses.

“Estas acciones no sólo no cuestan lo que han dicho que cuestan, sino que además representan un ahorro significativo para el gobierno. Lo que hacemos es sumar voluntades desde un liderazgo social, en un estado donde existe una clase empresarial comprometida con ayudar”, agregó.

La senadora comparó este tipo de acciones con las brigadas médicas organizadas por clubes rotarios o grupos religiosos, quienes también trabajan en comunidades marginadas ofreciendo apoyo en salud, alimentación y servicios básicos.

Finalmente, insistió en que su labor como senadora se ha centrado en la gestión y articulación social: “En Chihuahua, quienes más tienen están ayudando a quienes más lo necesitan. Y lo seguiremos haciendo sin violar ninguna ley ni desviar ningún recurso público”.

Las autoridades electorales aún no emiten una resolución definitiva sobre las denuncias presentadas. Mientras tanto, la legisladora reiteró que continuará trabajando desde su posición para acercar servicios a las comunidades más alejadas del estado.