Ante las recientes declaraciones y denuncias interpuestas por el abogado de la exsecretaria de la Función Pública durante la administración de Javier Corral Jurado, Mónica Vargas, respecto a la supuesta filtración de información por parte del titular del Órgano Interno de Control, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, aseguró no tener conocimiento del video que circuló en redes sociales.

El secretario general subrayó que desde su oficina y desde el Poder Ejecutivo, se mantienen respetuosos de los procesos legales en curso y que no se dejarán influenciar por opiniones vertidas en redes sociales. «Lo que se pueda decir a través de las redes sociales es ajeno a ese procedimiento, por lo que no nos vamos a poner a ver videos ni a opinar sobre ellos», agregó.

“Tuve mucho trabajo, no vi el video, no tuve la oportunidad de ver TikTok ni cosas de ese tipo. Nosotros somos respetuosos de los procedimientos que se están desahogando dentro de la Secretaría de la Función Pública, así como ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Las opiniones derivan de lo que ha publicado la prensa, pero seguramente ellos están activando todas las herramientas que creen necesarias para defender a su cliente, y están en todo su derecho”, detalló De la Peña Grajeda.

Cabe señalar que en el video que circuló ayer en redes sociales, el abogado Rodolfo Martínez, representante legal de Vargas Ruiz, denunció a Juan Miguel Ortega Rivera, titular del Órgano Interno de Control, por presuntamente filtrar información sobre la inhabilitación de su cliente. Vargas Ruiz, quien interpuso tres amparos que finalmente quedaron sin efecto, fue sancionada con una inhabilitación de tres meses para ocupar cualquier cargo público.

La sanción se produjo tras comprobarse que la exfuncionaria ocultó información sobre presuntas irregularidades cometidas en la administración de su exjefe y actual senador electo por Morena, Javier Corral Jurado.

Las autoridades han enfatizado su compromiso con la transparencia y la legalidad en todos los procedimientos, asegurando que todas las acciones tomadas están fundamentadas en pruebas y dentro del marco de la ley.