La Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (ONAPAFA) anunció que promoverá amparos a nivel nacional luego de que el Gobierno Federal diera por concluido el decreto de regularización de vehículos de procedencia extranjera, situación que —aseguran— dejó a miles de propietarios sin certeza jurídica, pese a haber iniciado y pagado su trámite.

En conferencia, Humberto Meza, secretario general de la organización; Miguel Campos, coordinador estatal, y Gustavo Muciño, asesor jurídico, señalaron que la medida responde a fallas administrativas y tecnológicas que impidieron concluir el proceso a numerosos ciudadanos, aun cuando cumplieron con los requisitos establecidos.

Los dirigentes explicaron que uno de los principales problemas se presentó en el sistema del Registro Público Vehicular (REPUVE), donde múltiples unidades no quedaron registradas de manera automática. Aunque los propietarios entregaron documentación y realizaron pagos, sus vehículos no fueron dados de alta en la base de datos, lo que impidió la entrega del engomado y la legalización definitiva.

ONAPAFA calificó el programa como un procedimiento incompleto y poco claro, que generó expectativas sin una respuesta efectiva. De acuerdo con cifras de la propia organización, alrededor de 8 mil vehículos quedaron con trámites inconclusos a nivel nacional, mientras que otras 18 mil unidades permanecen en condición irregular tras la cancelación del decreto.

El asesor legal Gustavo Muciño indicó que los amparos buscan que la autoridad federal reconozca los trámites ya iniciados y cubiertos económicamente. Añadió que el costo del amparo individual será de 2 mil 500 pesos y que el objetivo es garantizar la protección legal del patrimonio de los ciudadanos afectados.

Por su parte, Miguel Campos hizo un llamado a la población, especialmente en Ciudad Juárez, a no caer en supuestos gestores o trámites ofrecidos en redes sociales, los cuales calificó como fraudulentos. Aclaró que actualmente no existe ninguna plataforma, contraseñas, stickers ni procedimientos alternos autorizados para la regularización, fuera del recurso legal anunciado.

Asimismo, informó que el plazo para promover los amparos es limitado, ya que la ley establece 15 días hábiles posteriores a la cancelación del decreto, por lo que exhortó a los interesados a acudir a la brevedad a las oficinas de ONAPAFA.

Finalmente, la organización reiteró que el cierre del programa se realizó sin previo aviso suficiente y dejó en estado de indefensión a ciudadanos que realizaron su trámite en tiempo y forma, por lo que insistieron en que la vía legal es la última alternativa para obtener certeza jurídica sobre sus vehículos.