Chihuahua, agosto de 2025 — En una resolución que sacudió los cimientos del sistema judicial local, el Tribunal Estatal Electoral (TEE) ordenó al Instituto Estatal Electoral (IEE) modificar la asignación de magistraturas en materia civil del Tribunal Superior de Justicia, tras detectar una violación al principio constitucional de paridad de género.

El fallo que removió magistrados

Aunque el TEE evitó mencionar nombres, los criterios de la sentencia apuntan directamente a Roberto Andrés Fuentes Rascón (67,619 votos) y Saúl Eduardo Rodríguez Camacho (69,536 votos), quienes serían removidos para dar paso a las candidatas Elvia Mariela Salvador Navejas (78,128 votos) y Adriana Salcido Burrola (76,352 votos), ambas con mayor respaldo ciudadano.

La decisión se basa en el expediente JIN-228/2025 y acumulados, donde se analizaron impugnaciones al proceso de elección judicial. Aunque varios recursos fueron sobreseídos, el TEE consideró procedente modificar los resultados para garantizar la igualdad sustantiva en la conformación del Poder Judicial.

Repercusiones legales y administrativas

El Tribunal ordenó:

• Modificar el Acta de Cómputo de la elección.
• Reasignar las constancias de mayoría y validez del acuerdo IEE/CE153/2025.
• Notificar la resolución a las 14 Asambleas Distritales en un plazo de 24 horas.
• Exhortar al Consejo Estatal del IEE a acatar los efectos legales del fallo.


¿Justicia con bisturí o cirugía política?

La resolución no solo reconfigura el mapa judicial, también deja un “calambre político” en figuras cercanas al PAN y al exgobernador César Duarte. Mientras algunos ven una victoria para la paridad, otros advierten que la novela apenas comienza: los magistrados removidos podrían impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“La paridad no es decorativa. Es vinculante. Y hoy, por fin, tiene dientes”, comentó una fuente cercana al TEE.

“Cuando la paridad entra, algunos salen.”

Contexto nacional

El fallo se alinea con precedentes recientes del TEPJF, que revocó magistraturas federales para favorecer a mujeres con mayor votación, sentando una base jurídica que ahora impacta en Chihuahua.