Abogados que representan a víctimas del fraude atribuido a la empresa Aras Business Group interpusieron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado por presuntas inconsistencias en el manejo de inmuebles asegurados dentro del proceso penal.

El litigante Mariano Cordero, portavoz de un grupo de afectados, explicó que la querella va dirigida contra la titular del área administrativa de la Fiscalía General del Estado, luego de detectar contradicciones en torno al arrendamiento de propiedades que forman parte de los bienes asegurados e incluso decomisados tras la sentencia emitida el 14 de diciembre de 2023.

De acuerdo con el abogado, el juez de ejecución solicitó un informe detallado sobre la situación jurídica de los inmuebles y los recursos obtenidos por concepto de renta. Sin embargo, en una respuesta oficial se negó que existieran contratos de arrendamiento, versión que posteriormente fue desmentida públicamente por el propio fiscal, quien reconoció que sí hay propiedades rentadas y atribuyó la discrepancia a un malentendido.

Cordero señaló que, ante estas diferencias, buscan que la Fiscalía Anticorrupción investigue a fondo si existe una posible malversación de recursos o alguna irregularidad en la administración de los bienes, así como esclarecer si los ingresos generados están siendo destinados a la reparación del daño a las víctimas. Añadió que también preocupa el posible deterioro o pérdida de patrimonio asegurado durante los últimos años.