Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

La Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional presentaron hoy los avances en la regularización de la propiedad rural y el fortalecimiento de los derechos de las mujeres en el campo, durante una rueda de prensa en la que participaron representantes de instituciones clave como el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, la CONSUCC y autoridades estatales. El evento, encabezado por Rolando Herrera y Saldaña, representante de la Procuraduría Agraria en Chihuahua, destacó los esfuerzos para garantizar la seguridad jurídica de la tierra y promover la equidad de género en las comunidades rurales.

Chihuahua, con una extensión de 247,000 kilómetros cuadrados, enfrenta desafíos únicos debido a su diversidad ecológica, que incluye zonas desérticas, agropecuarias y forestales. Actualmente, el 40% de su territorio es propiedad social, distribuida en 989 núcleos agrarios, de los cuales 916 son ejidos y 73 son comunidades indígenas, principalmente del pueblo Rarámuri, así como grupos Otomíes, Tepehuanos del Norte y Guarijíos. La Procuraduría Agraria, en colaboración con el Registro Agrario Nacional, ha trabajado intensamente en la actualización de padrones ejidales y comunales, beneficiando a 4,383 ejidatarios y comuneros en el último año. Además, se han realizado 1,475 servicios de asesoría y actualización, impactando a 43,665 personas en todo el estado.

Uno de los programas más relevantes es el RAJA (Registro de Actos Jurídicos Agrarios), diseñado para regularizar la propiedad rural en núcleos que aún no han definido sus límites internos o asentamientos humanos, como Batopilas y Chilpancingo. Este programa busca resolver conflictos de límites y garantizar la certificación de tierras, evitando disputas futuras. La Procuraduría también ha implementado jornadas de justicia itinerante en colaboración con el INPI, SEDATU, CONAFOR y el Tribunal Unitario Agrario, llevando servicios legales y de regularización a comunidades remotas como San Juanito, Urique, Baborigame, Quirare y Santa Bárbara de Tutuaca. Estas jornadas han permitido desahogar audiencias, entregar documentos y brindar asesoría legal directamente en los poblados, facilitando el acceso a la justicia para quienes enfrentan barreras geográficas o económicas.

Julia García, jefa del Departamento Operativo y encargada de asuntos jurídicos de la Procuraduría Agraria, subrayó la importancia de empoderar a las mujeres en el campo, un sector donde históricamente han enfrentado exclusión. “Las mujeres en el campo suelen quedar relegadas en la sucesión de derechos agrarios debido a usos y costumbres que priorizan a los varones”, explicó García. Para contrarrestar esta situación, la Procuraduría ha impulsado 214 expedientes que benefician tanto a hombres como a mujeres, promoviendo la igualdad en la herencia de tierras y la participación femenina en las asambleas ejidales. “Hemos trabajado en concientizar a las comunidades sobre que las hijas tienen los mismos derechos que los hijos para heredar tierras”, señaló, destacando que este esfuerzo busca romper con la idea de que la mujer pierde sus derechos si se vuelve a casar o si no trabaja directamente en el campo.

Las autoridades anunciaron que las jornadas de justicia itinerante continuarán en los próximos meses, con visitas programadas a San Juanito y Cuauhtémoc los días 25 y 26 de noviembre. Además, se reforzarán los programas de capacitación y asesoría legal para garantizar que los ejidatarios y comuneros conozcan sus derechos y obligaciones. “El objetivo es que Chihuahua no solo sea un estado con gran potencial agropecuario, sino también con justicia y equidad para quienes trabajan la tierra”, concluyó Rolando Herrera, quien agradeció el apoyo de las instituciones involucradas y reafirmó el compromiso de seguir trabajando por las comunidades rurales e indígenas del estado.