Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

Diputados locales y federales de distintos partidos políticos, incluyendo a morenistas, panistas y priistas, rechazaron este martes que las movilizaciones contra la reforma a la Ley de Aguas Nacionales sean un asunto partidista, después de que Heraclio “Yako” Rodríguez, exdiputado de Morena y líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, encabezara una manifestación en Ciudad Juárez. El descontento, que se ha extendido a al menos 19 estados del país, demuestra que la protesta trasciende colores políticos y responde a una crisis que afecta directamente a los productores agrícolas.

El senador Mario Vázquez destacó que el movimiento no es exclusivo de Chihuahua, sino una expresión nacional que busca presionar al gobierno federal para que escuche las demandas del campo y revise una reforma que, según los agricultores, podría usarse como “herramienta de control político”. “Es un llamado de atención al Ejecutivo por el abandono al campo y la inseguridad en las carreteras”, afirmó el legislador, quien respaldó las protestas como una respuesta legítima ante la falta de soluciones.

Los diputados cuestionaron la falta de aplicación de las leyes actuales para combatir problemas como los pozos irregulares, muchos de los cuales operan con electricidad suministrada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). “Si la CFE los electrifica, alguien en el gobierno lo permite. La corrupción no terminó en 2018, se agravó”, declaró el diputado Saúl Mireles Corral, quien advirtió que la propuesta de reforma busca dar al Estado un control absoluto sobre el agua, sin garantías claras de que esto beneficie a quienes dependen de ella para su sustento. “El agua es de la nación, pero la nación somos todos, no solo el gobierno”, recalcó, en referencia a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha insistido en que el objetivo es “devolver el agua a la tutela de la nación”.

En el tema de la comercialización de frijol y maíz, los legisladores alertaron sobre la falta de claridad en los programas de apoyo. Aunque el gobierno federal anunció la compra de frijol a 27 pesos por kilo, los productores temen que el beneficio solo alcance a mil toneladas de las entre 60 mil y 80 mil que se cosechan en Chihuahua, dejando el resto en manos de “coyotes” que ya adquieren el grano a entre 10 y 14 pesos por kilo para luego revenderlo al Estado. En el caso del maíz amarillo, la situación es aún más crítica: el precio en el mercado ronda los 3.85 pesos por kilo, muy por debajo de los 4.42 pesos que cuesta producirlo, mientras que las importaciones masivas de Estados Unidos y Brasil siguen hundiendo los precios locales.

Los diputados también señalaron posibles conflictos de interés, como el caso de Altagracia Gómez Sierra, hija del empresario Raymundo Gómez Flores y presidenta de Grupo Minsa, quien ha sido acusada de beneficiarse de los programas sociales mientras su empresa compra el grano a precios bajísimos. “Los intermediarios compran barato a los productores endeudados y luego venden caro al gobierno. Es un círculo vicioso que está arruinando al campo”, explicó Mireles Corral, aunque evitó acusaciones directas contra exfuncionarios de Morena.

Ante las amenazas de carpetas de investigación contra los manifestantes, los legisladores respaldaron el movimiento, recordando el conflicto de 2020 por las presas y la desaparición de 24 programas de apoyo al campo desde 2018, lo que ha dejado a los agricultores sin acceso a créditos baratos y con un boquete de 5 mil 800 millones de pesos que antes cubría la Financiera Rural. “El gobierno federal eliminó las herramientas que permitían a los productores financiar sus cosechas, y ahora no ofrece alternativas”, criticó el diputado priista Guillermo Ramírez Gutiérrez, presidente del Congreso de Chihuahua.

Sobre el paquete económico estatal, destacaron que, a diferencia de la federación, Chihuahua ha mantenido presupuestos sin déficit en los últimos tres años, reduciendo su deuda en un 30%. Sin embargo, advirtieron que los recortes en participaciones federales y fondos afectarán a municipios y productores. “La gobernadora Maru Campos ha sido responsable, pero el desastre financiero federal —con una deuda que genera intereses de miles de millones diarios— terminará impactando a todos”, concluyó Vázquez.

Finalmente, exigieron la retirada de la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas como condición para abrir mesas de diálogo. “Quítennos la pistola de la cabeza. Primero bajen la iniciativa, luego negociamos”, fue el mensaje claro de Ramírez Gutiérrez, quien presentó un punto de acuerdo para exhortar a Sheinbaum a retirar la propuesta. “Este es el último llamado a la presidencia: si no nos escuchan, la movilización crecerá en Chihuahua y en todo el país”, advirtió el senador Vázquez, reflejando el hartazgo de un sector que lucha por sobrevivir.