La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACH) fijó una postura firme tras la resolución emitida el pasado 9 de enero de 2026 por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que determinó a favor de un juez penal federal un conflicto competencial relacionado con una investigación por presuntos actos de corrupción.

Mediante un comunicado, la FACH sostuvo que los recursos involucrados en la indagatoria, que ascienden a 98.6 millones de pesos, son de origen totalmente estatal y corresponden al erario de Chihuahua, por lo que la competencia para investigar y ejercer acción penal recae en las autoridades locales.

La Fiscalía subrayó que la acción penal iniciada derivó de una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) y que fue validada por un órgano jurisdiccional local al librar la orden de aprehensión correspondiente, por lo que aseguró que su actuación ha sido conforme a derecho y plenamente legal.

Asimismo, afirmó que el Ministerio Público Federal carece de competencia y legitimidad para atraer el caso, al tratarse de un delito de corrupción tipificado como peculado agravado en el artículo 270 del Código Penal del Estado de Chihuahua. Añadió que la actuación de la autoridad estatal está debidamente sustentada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el pacto federal y la Constitución.

La FACH informó que mantendrá abierta la carpeta de investigación, ya que continúa vigente la suspensión definitiva concedida dentro del juicio de amparo 2288/2025-I-1, promovido por la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua y otorgado por una jueza federal, la cual —señaló— sigue produciendo plenos efectos legales en protección de la víctima, que es la sociedad chihuahuense.

En el comunicado se hizo énfasis en que deben distinguirse dos asuntos jurídicos distintos: por un lado, el conflicto competencial entre autoridades judiciales locales y federales, y por otro, el juicio de amparo, en el que participan la Secretaría de Hacienda estatal, los ciudadanos de Chihuahua, el imputado identificado como J.C.J. y la propia Fiscalía Anticorrupción como tercero interesado.

Finalmente, la FACH reiteró su compromiso con el combate a la corrupción, la aplicación estricta de la ley y el respeto al debido proceso, asegurando que continuará defendiendo la competencia estatal sobre los recursos públicos de Chihuahua y la solidez jurídica de sus investigaciones, al margen de cualquier consideración de carácter político.