La dirigencia de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación afirmó que la organización magisterial ha logrado avances relevantes en la operación de Pensiones Civiles del Estado, especialmente en la atención médica y en el fortalecimiento del sistema de seguridad social, aunque advirtió que no tolerará nuevos incumplimientos financieros.

El secretario general del sindicato, Manuel Quiroz, sostuvo que los resultados obtenidos son consecuencia directa de la presión ejercida por el magisterio para que la Secretaría de Hacienda exija a dependencias y organismos con adeudos regularizar sus aportaciones al sistema.

Explicó que en Chihuahua se ha evitado una crisis mayor, como ocurre en otras entidades, ya que no existen atrasos en el pago de salarios, lo que ha permitido estabilidad en el esquema de pensiones. Añadió que, como parte de este proceso, se ha documentado una inversión cercana a los 600 millones de pesos, provenientes principalmente de organismos operadores de agua y otras instituciones públicas, a las cuales se les ha requerido definir montos mensuales claros y firmar convenios que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones.

Quiroz destacó que el magisterio representa poco más de la mitad de los afiliados a Pensiones Civiles, factor que ha sido determinante para mantener la exigencia de soluciones estructurales. En ese sentido, reconoció la disposición del secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez, para avanzar en esquemas de transparencia, rendición de cuentas y corrección de prácticas que afectaban al sistema.

El líder sindical señaló que los avances ya son visibles en la mejora y reapertura de servicios médicos en distintos puntos del estado, como en Santa Bárbara, así como en el fortalecimiento de la atención hospitalaria en Ciudad Juárez, donde se amplió la capacidad con nuevas camas y servicios subrogados.

Indicó además que la Sección 42 mantiene convenios con instituciones públicas para la prestación de servicios médicos subrogados, aunque reconoció la necesidad de informar a los agremiados sobre el funcionamiento de estos esquemas.

Finalmente, Quiroz advirtió que, si continúan los retrasos en las aportaciones obligatorias, el magisterio analizará acciones de presión, al recalcar que el acceso a la salud no es una concesión, sino un derecho legal de las y los trabajadores de la educación.