El secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, José de Jesús Granillo Vázquez, presentó formalmente ante el Ayuntamiento de Chihuahua una solicitud para que le sea donado un inmueble de propiedad municipal, ubicado en la calle Juan Aldama número 900, en la zona Centro de la capital del estado.

La petición, enviada en su calidad de representante del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, fue turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y de Hacienda y Planeación del Cabildo capitalino, a fin de analizar y dictaminar la viabilidad de la entrega del predio en favor del gobierno estatal.

El terreno en cuestión cuenta con una superficie de 2,615.50 metros cuadrados y, de acuerdo con el documento enviado por el funcionario estatal, será destinado a actividades de uso gubernamental, en beneficio de la ciudadanía y con el propósito de ampliar y mejorar la atención de servicios públicos en el primer cuadro de la ciudad.

En su escrito, Granillo Vázquez detalla que esta solicitud forma parte de una estrategia de reordenamiento y consolidación de inmuebles para fines administrativos, con el objetivo de generar eficiencia operativa y reducir costos por rentas. Asimismo, se contempla aprovechar la ubicación céntrica del predio para facilitar el acceso de la población a servicios que el Ejecutivo estatal presta directamente.

El documento fue revisado este jueves por los integrantes de las comisiones edilicias correspondientes, quienes deberán analizar la legalidad del procedimiento y emitir un dictamen que será turnado al pleno del Ayuntamiento para su aprobación.

Trascendió que el inmueble se encuentra libre de gravámenes y no está actualmente afectado a ningún servicio público, por lo que no existirían impedimentos legales para concretar la donación. Sin embargo, la autorización quedaría sujeta a condiciones específicas, como el uso exclusivo del predio para fines públicos, y la posibilidad de reversión al patrimonio municipal si se incumple este propósito.

De aprobarse la solicitud, el trámite se formalizaría mediante la celebración de una escritura pública, y sería el propio Gobierno del Estado quien absorbería los costos notariales y registrales correspondientes.

Se espera que en los próximos días el Ayuntamiento emita una resolución al respecto.