En el foro taller internacional del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares auspiciado por el Senado de la República, se estableció que el espíritu de esta nueva ley descansa en los principios de concentración, inmediación y gratuidad. Plazo de 24 horas a los y las juezas para proveer de los trámites de Ausencia por Desaparición de Personas, eliminando cargas onerosas y dilatorias para los familiares de las víctimas, ello para hacer realidad una justicia pronta y expedita para los seres queridos de más de 110 000 personas desaparecidas en México.

En el marco de los trabajos de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se desarrolló un foro taller en la Ciudad de México al que asistieron funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas ONU, Diputados Federales, Senadores de la República, funcionarios federales, representantes de los colectivos que atienden el problema de personas ausentes por desaparición y los propios familiares de las víctimas.

En su intervención el Senador Emilio Álvarez Icaza, secretario de la Comisión de Derechos Humanos, reconoció a los y las integrantes de la Comisión de Justicia del Senado de la República, en especial a la Senadora Olga Sánchez Cordero, Presidenta de la Comisión y a su vez al Senador por Chihuahua Rafael Espino de la Peña, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segundo de dicha soberanía, por su apoyo y solidaridad en este tema tan sensible y trascendental. Icaza, preciso que el CNPCYF está dejando atrás leyes que datan de los años treinta, del siglo pasado, que ya no resuelven la problemática social actual. Se trata de una ley para la república que tendrá vigencia en todas las entidades federativas. Agrego Álvarez Icaza que el CNPCYF es un reflejo fundamental de la construcción de acuerdos y consensos que si se pueden lograr aún y cuando actualmente exista un clima de polarización. Hubo unanimidad y legitimidad en esta nueva ley. Hay 110 mil personas desaparecidas, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares pone a México a la vanguardia en temas de interés internacional.

Bajo el mismo ánimo, el Maestro Alan García, Coordinador de la Unidad de Graves Violaciones a los Derechos Humanos de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, subrayó la importante labor que está haciendo el Estado Mexicano, mediante el CNPCYF, para el reconocimiento de la personalidad de las personas desaparecidas y los derechos de sus familiares.    

Por su parte la Jueza Decimo de lo Familiar por Audiencias de Chihuahua, la Maestra Sabela Asiain Hernández, aseguró que, con la implementación de esta ley, habrá plazos definidos de 24 horas para recibir las solicitudes de los familiares de personas desaparecidas.

También serán eliminados los trámites onerosos, ello en respuesta a los comentarios hechos en el foro por la esposa de una de las víctimas, la entregada activista Marthita, quien refirió que por falta de dinero teniendo el oficio para los Edictos no pudo publicarlos y continuar su trámite de declaración de Ausencia.  Agregó la Jueza que, en la integración de este nuevo código, no hubo indiferencia, hubo escucha y una total empatía de los y las Legisladoras que coordinaron los trabajos.

En los talleres se escucharon uno a uno los casos planteados por los familiares de las víctimas  de los familiares de las personas desaparecidas,  se les dio respuesta  ante el calvario judicial que han padecido durante doce y hasta veintitrés años, y se compartió con ellos y ellas la nueva legislación que goza de un transitorio privilegiado en cuanto a su vigencia, esto implica que el articulado relativo a la Declaración de Ausencia estará vigente a partir del día siguiente a la publicación del CNPCYF en el Diario de la Federación.

El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, fue aprobado por unanimidad, primero por el Senado de la República y después por la Cámara de Diputados. El proceso de implementación en las distintas entidades ya está comenzando, en el Estado de México, Baja California, Aguascalientes, San Luis Potosí y Campeche ya comenzaron los foros para su implementación; sin embargo, Chihuahua podría ser la primera entidad en solicitar la Declaratoria de Vigencia dado el alto nivel de las y los funcionarios del Poder Judicial del Estado, quienes ya se encuentran capacitados en temas de oralidad en las materias Civil y Familiar, además de que en el estado se cuenta con una infraestructura idónea.