Una convocatoria anónima a través de las redes sociales ha revelado denuncias graves por parte de trabajadores disidentes del Tribunal Superior de Justicia Estatal (TSJE), quienes exponen presunta corrupción interna y violaciones a sus derechos. En el comunicado, se hace un llamado a la justicia para aquellos empleados que han experimentado maltrato, humillación y acoso por parte de jueces, magistrados y consejeros.
Las acusaciones van desde la presencia de jueces acosadores y abusadores sexuales hasta la denuncia de jueces drogadictos pertenecientes a tribunales contra las adicciones. Se mencionan casos de jueces familiares maltratadores, magistrados que solicitan relaciones íntimas a cambio de puestos y prácticas inapropiadas como la llamada «Carrera Sexual».
La convocatoria incluye demandas específicas, como respuestas a denuncias contra jueces señalados, resolución de procedimientos administrativos pendientes y retirar privilegios a ciertos individuos con influencia en nombramientos. Además, se critica el supuesto monopolio en ciertas áreas y se denuncia el uso de la defensoría pública como un despacho particular.
Sin embargo, la respuesta de la magistrada presidenta del TSJE, Myriam Hernández Acosta, ha sido desestimar la convocatoria como un «panfleto anónimo» con datos vagos e imprecisos. La magistrada afirma que no puede prestar atención a un documento sin firmas ni información específica, y sugiere que cualquier persona con quejas puede utilizar las instancias adecuadas para presentarlas.
La huelga masiva anunciada para 2024 se encuentra en el horizonte, pero Hernández Acosta asegura que no hay elementos para generar un movimiento de esta magnitud. Aunque se muestra dispuesta a recibir a aquellos que deseen presentarse, enfatiza que la institución seguirá operando sin interrupciones.
La controversia evidencia una creciente tensión dentro del TSJE y destaca la necesidad de una investigación transparente para abordar las acusaciones de corrupción y abusos laborales. La comunidad y los trabajadores esperan respuestas contundentes y acciones concretas por parte de las autoridades judiciales.