Chihuahua 9- Marzo-2025: En México, mientras las calles se llenan de marchas y consignas, hay un grupo de mujeres cuyas voces suelen ser silenciadas: las mujeres privadas de libertad.

Representan el 5% de la población penitenciaria del país, con más de 13,354 mujeres encarceladas.

Aunque numéricamente inferiores a los hombres, enfrentan condiciones de reclusión marcadas por violencia, abandono y desigualdad.

Un dato alarmante resalta la injusticia: el 46.8% de estas mujeres no tiene una sentencia definitiva. Están en prisión preventiva, legalmente presuntas inocentes, y deberían estar en libertad mientras se resuelve su situación jurídica. Sin embargo, la prisión preventiva en México se aplica de manera generalizada, afectando desproporcionadamente a las mujeres, agravada por la ampliación del catálogo de delitos que ameritan esta medida cautelar.

La sociedad suele ser más dura con una mujer en prisión que con un hombre. Ellos, a menudo, siguen recibiendo apoyo familiar, mientras que ellas enfrentan el estigma y el abandono. La cárcel, para muchas, no solo significa la pérdida de libertad, sino también la ruptura con sus redes afectivas y familiares.

En un entorno que castiga con mayor severidad a las mujeres que desafían los roles de género tradicionales, aquellas que delinquen son vistas como transgresoras imperdonables. Encarceladas, cargan con una doble condena: judicial y social.

La maternidad en prisión es uno de los aspectos más desoladores. Se estima que el 5.8% de las mujeres encarceladas viven con sus hijos en las cárceles. La mayoría de estos centros no cuentan con espacios adecuados para la crianza, y los niños crecen en entornos hostiles, sin acceso a alimentación adecuada, educación ni atención médica suficiente.

Estas mujeres, muchas provenientes de entornos de pobreza y marginación, son eslabones débiles dentro de estructuras criminales. La justicia mexicana, sin una perspectiva de género, las castiga con penas desproporcionadas y pocas opciones de defensa.

El 8 de marzo debe ser una fecha para recordar que la lucha por la igualdad no puede excluir a las mujeres en prisión. Es imperativo replantear el sistema penitenciario desde una perspectiva de género que garantice condiciones dignas, acceso a la justicia y oportunidades reales de reinserción. Urge romper los estigmas y reconocer que, aunque hayan cometido un delito, son personas con derechos y dignidad.

Este 8M, el grito de igualdad también debe resonar detrás de los muros de las prisiones. Las mujeres privadas de libertad merecen ser escuchadas y reintegradas en una sociedad que lucha por ser justa y equitativa para todas.