En una rueda de prensa ofrecida por los abogados Mariano Cordero, Felipe Acosta, Sergio Mata Carrasco y un representante de la empresa Aras, se anunció un acuerdo que busca dar una solución definitiva al conflicto legal derivado del millonario fraude cometido por la empresa Aras Business Group. Sin embargo, también se denunciaron presuntas irregularidades por parte de funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) en el manejo de los bienes asegurados.

El abogado Mariano Cordero explicó que, si bien inicialmente se habían promovido impugnaciones y amparos en contra de la estrategia legal del gobierno estatal, en particular por lo que consideraban un intento de “resolver un fraude con otro fraude”, finalmente se optó por aceptar el acuerdo en favor del interés superior de las víctimas, buscando con ello una salida pronta y justa.

“Aceptamos este acuerdo por el bien superior de los afectados, no porque estuviéramos de acuerdo con todo. Pero lo urgente es que la gente recupere algo de lo que invirtió”, declaró Cordero.

El abogado también denunció que uno de los principales motivos de inconformidad ha sido la intención de la Fiscalía de trasladar los bienes incautados a un fideicomiso controlado por la propia FGE, en lugar de cumplir con la orden de la jueza de constituir un fideicomiso independiente, con participación ciudadana para la fiscalización, administración y liquidación de los bienes.

“Ese fideicomiso que ordenó la jueza, permitiría vender o rentar los bienes para generar recursos a repartir. Pero la FGE quiere manejar todo a su antojo, sin transparencia ni vigilancia”, advirtió.

Cordero también reveló que desde la incautación de propiedades y activos de Aras, ha habido una pérdida significativa de bienes atribuible a funcionarios públicos corruptos.

“Se ha registrado robo hormiga. Algunos bienes han sido recuperados por quienes los entregaron como pago, pero otros —dólares, oro, plata, vehículos y propiedades— simplemente desaparecieron dentro de la nebulosa de la Fiscalía”, acusó.

A pesar de estas tensiones, los abogados y representantes legales reiteraron que se mantendrán vigilantes en la implementación del acuerdo y exigieron que el proceso de reparación del daño se lleve a cabo bajo la supervisión judicial correspondiente.

El caso Aras continúa siendo un tema sensible y de gran impacto social, con miles de personas afectadas en Chihuahua y otros estados del país. Este nuevo paso podría significar el inicio de una etapa de reparación, aunque no exenta de vigilancia y escrutinio público.