Mientras en Washington se encienden las alarmas por presunto lavado de dinero en tres entidades mexicanas, en la Secretaría de Hacienda los teléfonos no paran de sonar. No por pánico, sino por cálculo: hay sillas que podrían quedar vacías y otras que empiezan a calentarse con nombres de vieja data y lealtades incómodas.

Estados Unidos ha puesto bajo la lupa a tres entidades financieras mexicanas, detonando una cascada de especulaciones al interior del gobierno federal. Los focos de tensión se centran en la CNBV y la UIF, organismos clave en la arquitectura financiera del país. El señalamiento llega justo cuando, casualidades de la vida, varios funcionarios ya estaban merodeando los pasillos del relevo institucional.

La posible salida de Jesús de la Fuente de la CNBV ha reactivado los rumores sobre su sucesión. El nombre de Alfredo Navarrete Martínez, actual titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de Hacienda, volvió al ruedo. Su pedigrí político y profesional lo avalan, pero su pasado en Vector —una de las firmas ahora señaladas por EU— y su amistad con Alfonso Romo son, digamos, poco convenientes.

Tan poco conveniente que desde el entorno de Edgar Amador se plantea que la Secretaría de Seguridad Pública, bajo el mando de Omar García Harfuch (sí, el que tiene línea directa con Washington), se haga cargo del relevo. Porque claro, nada dice “autonomía regulatoria” como que el reemplazo venga vía la seguridad interna.

En paralelo, suena Francisco Vega, vicepresidente de Supervisión en la CNBV, quien ya había mostrado interés en el cargo. Pero su cercanía con Andy López Beltrán y su conocida aversión al jefe actual hacen que la idea de su ascenso genere más dudas que confianza. A veces, tener conexiones no es sinónimo de estabilidad… ni en la banca, ni en la política.

En la UIF, el panorama no es menos turbio. Pablo Gómez sigue aferrado al cargo entre tensiones con Gertz Manero y nuevas sugerencias desde Palacio, cortesía del exministro Zaldívar, que busca colocar a alguien más cercano a la nueva sintonía institucional. Gómez, mientras tanto, resiste con el temple de quien ya no espera ovaciones pero sí exige el cumplimiento del telón prometido.

En México, cuando suena el teléfono rojo de Washington, no tiemblan las estructuras por miedo al escándalo: lo hacen por el entusiasmo de reacomodar las fichas del tablero. No hay nada como una acusación de lavado para afilar los cuchillos burocráticos y, de paso, desempolvar expedientes y amiguismos. Porque si algo hemos aprendido es que el mejor detergente financiero no es la ley… es el timing político.