Cuando Hacienda investiga a Hacienda (y no pasa nada): el caso Vector, Romo y el narcolavado invisible
Análisis | Vector, Hacienda y el narcolavado que nadie ve
El Departamento del Tesoro de EE. UU. encendió las alarmas al acusar a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— de facilitar operaciones de lavado de dinero para cárteles como el de Sinaloa y el del Golfo. Según la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), estas entidades habrían procesado pagos por millones de dólares, incluyendo transferencias a empresas chinas proveedoras de precursores químicos para producir fentanilo.
En el caso de Vector, la acusación es particularmente delicada: entre 2013 y 2023, habría facilitado pagos por más de un millón de dólares a empresas chinas vinculadas al tráfico de opioides. Además, se le relaciona con transacciones por más de 40 millones de dólares ligadas a empresas controladas por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública condenado en EE. UU..
La empresa fue fundada por Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de López Obrador. Aunque Romo dejó el cargo en 2020, sigue vinculado a Vector como presidente honorario del consejo. La cercanía política y empresarial ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.
A esto se suma que el actual secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, trabajó en Vector en los años 90 como analista de bonos. Aunque su paso por la firma fue hace décadas, su vínculo ha sido resaltado por medios y opositores, especialmente porque la Secretaría de Hacienda ha declarado que no ha recibido pruebas suficientes de EE. UU. para proceder legalmente contra Vector.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino temporalmente las tres instituciones señaladas, sustituyendo a sus órganos administrativos para proteger a clientes e inversionistas. Sin embargo, hasta ahora, las sanciones son exclusivamente civiles y no hay acusaciones penales formales en México.
Conclusión: El caso Vector expone una red de vínculos entre poder político, financiero y acusaciones internacionales. Mientras EE. UU. endurece su postura contra el narcolavado vinculado al fentanilo, en México las autoridades insisten en que no hay pruebas. La pregunta que flota es si se trata de falta de evidencia… o de voluntad.
