Sospechas, sanciones y silencio: el caso de los bancos mexicanos bajo la lupa de EE.UU.
Coatzacoalcos, Ciudad de México y Washington D.C. — Tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— se encuentran en el epicentro de un escándalo internacional tras ser señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como facilitadores clave en el lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están ayudando al envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero para los cárteles”, declaró Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE.UU.
La acusación, sustentada en la Ley de Sanciones contra el Fentanilo, apunta a operaciones multimillonarias entre empresas mexicanas y compañías chinas legalmente constituidas, presuntamente utilizadas para adquirir precursores químicos. Entre los señalamientos más graves, se encuentra la creación deliberada de cuentas para lavar hasta 10 millones de dólares, reuniones entre ejecutivos bancarios y miembros del CJNG, y el uso de casas de bolsa para transferencias transnacionales.
“La única información proporcionada por el Tesoro que puede verificarse son transferencias electrónicas con empresas chinas legalmente constituidas”, respondió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que solicitó pruebas concretas del vínculo con actividades ilícitas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) fueron notificadas. Esta última ya inició una revisión regulatoria que derivó en sanciones administrativas por un total de 134 millones de pesos, aunque sin pruebas concluyentes de lavado de dinero.
“De contar con información contundente, actuaremos con todo el peso de la ley. Pero a la fecha no contamos con ninguna prueba en ese sentido”, afirmó la SHCP.
Mientras tanto, las instituciones señaladas han guardado silencio o negado categóricamente las acusaciones. El caso pone a prueba la cooperación bilateral en materia financiera y la capacidad de ambos gobiernos para distinguir entre comercio legítimo y crimen organizado.
