Mientras la presidenta Sheinbaum minimiza riesgos y acusa falta de pruebas, el sistema financiero mexicano se sacude con rumores de nuevas sanciones, sospechas políticas y un creciente nerviosismo institucional.

El misil financiero lanzado esta semana por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres entidades mexicanas dejó secuelas que aún no se disipan. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) procedió con la intervención de CI Banco e Intercam, mientras que persiste el silencio oficial sobre la situación de la casa de bolsa Vector, relacionada con el empresario Alfonso Romo.

En paralelo, crecen los rumores de que al menos tres instituciones más —incluido un banco de mayor peso que los ya intervenidos— podrían ser señalados la próxima semana, agudizando el clima de pánico, especialmente en sofomes, sofipos y neobancos con controles antilavado laxos.

La presidenta Claudia Sheinbaum intentó tranquilizar al sector al asegurar que las leyes antilavado mexicanas han sido fortalecidas y que las instituciones intervenidas “son muy pequeñas”. Además, cuestionó públicamente la falta de pruebas contundentes por parte del Tesoro. Las mismas líneas fueron repetidas por la Secretaría de Hacienda, la ABM y la AMIB, pero las acciones regulatorias terminaron por generar más confusión que certezas.

Expertos como Alondra De La Garza Erives, especialista en financiamiento al terrorismo, y el abogado Gabriel Regino alertan sobre contradicciones entre los discursos públicos y la realidad de los hechos. Además, criticaron la ausencia del titular de la UIF en medio de una crisis que, consideran, exige respuestas técnicas y no solo narrativas políticas.

El trato diferencial a Vector ha despertado suspicacias dentro del sector financiero y en sectores críticos del oficialismo. “Es evidente que hay manos políticas moviendo la brújula regulatoria”, aseguran fuentes bancarias bajo anonimato.

El conflicto estalla en medio de la quinta ronda de evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre las políticas antilavado de México. También ocurre en un momento clave para la administración Sheinbaum, que intenta proyectar estabilidad mientras hereda estructuras sensibles de la administración anterior.

La preocupación se extiende: la respuesta gubernamental no ha sido suficiente para evitar la sensación de un “efecto dominó” que ya afecta la confianza de inversionistas, la operatividad bancaria y las relaciones internacionales.

INFORMACIÓN RELEVANTE

Tres instituciones financieras han sido señaladas por el Tesoro de EE. UU.
Existen rumores sobre próximas sanciones contra un banco de mayor tamaño.
El gobierno acusa falta de pruebas, pero interviene dos entidades.
El trato a Vector genera sospechas de protección política.
Expertos alertan sobre exclusión financiera y mercados negros.
GAFI realiza una evaluación paralela al estallido de la crisis.
La ausencia del titular de la UIF aviva críticas dentro y fuera del gobierno.

Nada como una crisis financiera internacional para probar la elasticidad del optimismo institucional. Mientras el Tesoro lanza acusaciones y el sistema tambalea, nuestro gobierno responde con la versión actualizada del “todo está bien” y un PowerPoint de buena voluntad. Eso sí, si algún banco más cae, al menos podremos presumir que la CNBV actúa con “celeridad selectiva”. Y que el caos no discrimina: tarde o temprano, hasta los neobancos se van a enterar que en México ser chico no te salva… a menos que seas amigo del gabinete.