Por Redacción | septiembre de 2025

La Fiscalía General de la República (FGR) ha destapado una red de lavado de dinero que conecta a la Marina, casas de bolsa, empresas fantasma y cárteles del narcotráfico. En el centro del escándalo aparece Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Operaciones sospechosas: el rastro financiero

Según la causa penal 325/2025, la empresa Grupo Potesta, dedicada a la comercialización de hidrocarburos, realizó transacciones por 220 millones de pesos a través de Vector sin registrar fechas ni destinos claros.

La FGR presume que estos fondos fueron enviados a jurisdicciones extranjeras para ocultar su origen ilícito.

Además, Potesta reportó ingresos de solo 87 millones de pesos en 2023, pero emitió facturas por más de 1700 millones, con apenas ocho empleados registrados.

La discrepancia refuerza la hipótesis de una operación de lavado a gran escala.

Marina, embarcaciones y familia: el brazo operativo

Los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, fueron señalados como operadores logísticos del contrabando.

Facilitaban el ingreso de al menos 14 embarcaciones con combustible ilegal a puertos mexicanos.

La red también involucra a empresas como:

• Grupo Base Energéticos
• Altos Energéticos Mexicanos
• Transportadora del Pacífico
• Era Tech Combustibles (vinculada al Cártel de Sinaloa)

Sanciones internacionales: el golpe del Tesoro

En junio de 2025, el Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a Vector, CIBanco e Intercam, acusándolas de facilitar operaciones financieras para los cárteles de Sinaloa, del Golfo y CJNG. Las tres instituciones tienen prohibido operar en el sistema financiero estadounidense.

Vínculos con el crimen organizado

La FGR identificó a accionistas como Jeniffer Beaney Camacho Cázares, Diana María Sánchez Carlón y Silvia Romina Sánchez Carlón, con nexos directos a Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis y aliado del CJNG.

Implicaciones políticas

Aunque Romo dejó la Oficina de Presidencia en 2020, su empresa aparece como pieza clave en el esquema financiero del huachicol fiscal. La oposición exige que se investigue si hubo protección institucional desde el más alto nivel del gobierno.

“Cuando el Estado calla, el dinero habla. ¿Quién protege al operador del operador?”