El 22 de julio, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó por voto de voz una subpoena (citación obligatoria) para que Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual de menores y cómplice del fallecido financiero Jeffrey Epstein, testifique ante el Congreso. La medida busca esclarecer si existe una “lista de clientes” vinculados a la red de explotación sexual que operó durante más de una década.

Contexto judicial y político
Maxwell cumple una condena de 20 años de prisión desde 2022 por reclutar menores entre 1994 y 2004 para ser abusadas por Epstein y sus allegados. Su testimonio podría arrojar luz sobre los vínculos del caso con figuras de alto perfil, incluyendo políticos, empresarios y celebridades. La citación ocurre en medio de una creciente presión sobre el gobierno de Donald Trump, acusado por sectores del movimiento MAGA de encubrir a las élites involucradas.

El vicefiscal general Todd Blanche confirmó que el Departamento de Justicia está en contacto con los abogados de Maxwell y que espera reunirse con ella en los próximos días. “Si tiene información sobre alguien que haya cometido crímenes contra las víctimas, el FBI y el DOJ la escucharán”, declaró Blanche.

¿Qué busca el Congreso?
La citación forma parte de una ofensiva bipartidista para exigir transparencia total sobre los archivos del caso Epstein. Legisladores de ambos partidos han solicitado al Departamento de Justicia que publique los registros de vuelo, agendas y testimonios vinculados a la red criminal A. El abogado Alan Dershowitz ha sugerido que Maxwell “lo sabe todo” y que estaría dispuesta a colaborar si se le concede inmunidad de uso.

Implicaciones
El caso Epstein, que parecía cerrado tras su muerte en prisión en 2019, ha resurgido como un tema explosivo en la campaña presidencial. La citación a Maxwell podría convertirse en un punto de inflexión si revela nombres o estructuras de complicidad institucional. La administración Trump enfrenta críticas por negar la existencia de una “lista de clientes” y por limitar la divulgación de documentos clave.